La Quinta Columna
Por: Mario Alberto Mejía / @QuintaMam
Doce años después de que detonó el escándalo del caso Marín-Cacho, quienes generaron la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro han empezado a perder el sueño y el apetito.
Lo mismo les ocurrirá a quienes obstruyeron la justicia más elemental.
¿La razón?
Que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, declaró al Estado mexicano responsable de una violación de derechos humanos en el citado caso.
Y algo más: el cumplimiento de este dictamen es obligatorio en todos sus términos y no hay apelación posible.
Dicho Comité constata que México violó varios derechos de Lydia Cacho: “su libertad, integridad y libertad de expresión; la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso a recursos efectivos ante las violaciones de derechos humanos”.
“Ante ello —dice Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—, el Comité indicó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva, procesar, juzgar y castigar a los responsables, ofrecer una reparación adecuada y adoptar medidas de no repetición”.
En esta ocasión no tendrán que pasar diez o doce años para que haya justicia.
Y es que el Comité le da al Estado mexicano “180 días para informar sobre las medidas que haya adoptado para implementar el dictamen”.
Lo curioso es que varios de los involucrados están hoy en MORENA: unos preparándose para asumir algún alto cargo federal y otros más solazándose a la sombra del triunfo obtenido el 1 de julio.
¿Nombres?
Van algunos:
Olga Sánchez Cordero, Mario Marín Torres, Adolfo Karam, Blanca Laura Villeda, Rosa Celia Pérez González, Heriberto Galindo Martínez y algunos ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Vea el hipócrita lector:
Sánchez Cordero, inminente secretaria de Gobernación, fue la ministra de la Corte que salvó a Mario Marín Torres de la carga de la culpa con su extraño voto.
Así lo refirió Lydia Cacho en su libro “Memorias de una infamia” al hacer el recuento de los daños:
“Cuando llegó el turno a las dos juezas de la Corte, quedamos helados: una jueza rubia acomodaba nerviosamente sus lentes para leer su documento y comenzó a tartamudear. Era Olga Sánchez Cordero. Dijo que sí había delitos, pero que no eran tan graves. Se contradijo varias veces y al final, ante el azoro de quienes mirábamos, exoneró al gobernador y sus cómplices. Ella, la jueza profeminista, había cedido a las presiones políticas”.
¿Qué actitud asumirá tantos años después quien de manera inexplicable modificó el sentido de su voto en aras de exonerar a Marín?
Seguramente como responsable de Gobernación —será secretaria cuando el gobierno de López Obrador realice “una investigación imparcial, pronta y exhaustiva”, y procese, juzgue y castigue a los responsables — actuará de otra manera.
Por esos días, Denise Dresser escribió:
“Al votar como lo ha hecho, la mayoría de los ministros acaba de darle una estocada a la Corte de la que tomará años en recuperarse, si es que alguna vez logra hacerlo. Porque su resolución va a ocupar un lugar deshonroso en la historia constitucional de México”.
Mario Marín acaba de regresar de Viena, Austria, a donde fue a bautizar a su nieto Maximiliano Marín Ludmer.
Muy cosmopolita viene el ex gobernador, tanto que no se esperaba que sus cadáveres volvieran a salir del clóset —como le acaba de ocurrir a Manuel Bartlett.
Hoy tendrá que comparecer y, en su caso, enfrentar a la justicia, como no lo hizo en su momento.
(Cómo olvidar a los periodistas que enterraron el caso Marín-Cacho desde el primer momento y ayudaron, muy solícitos, a lavarle la cara a quien les dio obra pública y extraordinarias canonjías, así como comilonas y desayunos ricos en manteca).
Adolfo Karam era el director de la Policía Judicial de Puebla cuando Lydia Cacho fue aprehendida en Cancún y trasladada, por tierra, a Puebla.
Era, en consecuencia, jefe de los agentes José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes torturaron psicológicamente a la periodista a lo largo de las veinte horas que duró el trayecto.
Karam se ufanó ese 16 de diciembre de 2005 de haber detenido a Cacho ante propios y extraños.
Cuando vio la gravedad del tema, fiel a su estilo se quiso desmarcar.
Hoy, metido junto con Marín y algunos ex magistrados (igualmente involucrados en el caso Lydia Cacho) en el equipo de Miguel Barbosa —ex candidato de MORENA a la gubernatura de Puebla—, Karam ya se había olvidado del asunto.
Qué pena.
También tendrá que sacar sus cadáveres del clóset.
Hay que decir que en “Memorias de una infamia”, Lydia Cacho narra minuciosamente la tortura a la que fue sometida por los subordinados de Karam.
Incluso sugiere que, en varios momentos, éste les pedía informes vía telefónica a Montaño y a Pérez.
Conociendo a Karam, no sería extraño que les dijera que le dieran su “calentadita” por haber osado meterse con su “hayito” Kamel Nacif.
Una vez en Puebla, Cacho sigue narrando su pesadilla:
“Unos segundos más tarde, el director de la Policía Judicial, Adolfo Karam, ordena que me suban a sus oficinas. No puedo dejar de pensar quién será el jefe en cuyas manos estaré. Aquél del que Montaño habló en el auto. (…) Sentada en un sillón de piel negro, al lado de la senadora (Lucero Saldaña) que pertenece al mismo partido que el director de la policía y que el propio gobernador Marín, escuché unas palabras vacuas del jefe policiaco. Apenas entonces ligo dos imágenes: él había estado abajo, sonriendo irónicamente en la cámara de Gessel, cuando el de la Comisión de Derechos Humanos quería forzarme a firmar que no fui torturada.”.
Por cierto: el único sentenciado hasta el momento es José Montaño, subordinado de Karam, quien recibió una pena de cinco años tres meses de cárcel.
Sobra decir que no actuó solo y que cumplió las órdenes que una y otra vez le dictó Karam por teléfono.
En un momento del ominoso trayecto al que fue sometida la periodista Cacho, Montaño le dijo:
“Nosotros estamos siguiendo órdenes, es nuestro trabajo, sólo obedecemos: el jefe dice que usted es una criminal”.
Blanca Laura Villeda, la “Procuradora de Hierro” en tiempos de Marín, tuvo un último cargo como titular del Juzgado Segundo Civil de Huejotzingo.
Quiso jubilarse en el Tribunal Superior de Justicia hace un par de años.
Hoy, también sus cadáveres se salieron del ropero.
Rosa Celia Pérez González es jueza del Segundo Juzgado Penal de Puebla.
En su momento operó muy eficazmente en contra de Lydia Cacho y le impuso una cantidad exorbitante en aras de que no saliera bajo caución.
Kamel Nacif quería enviarla de vacación por sus servicios prestados.
Y a todo esto:
¿Dónde está Kamel Nacif?
Se sabe que viene poco a Puebla, pero que continúa con sus maquiladoras de mezclilla.
Fuentes del Centro Libanés revelaron que lo han visto llegar muy discretamente a los privados del restaurante, lejos, muy lejos, de la parafernalia que lo rodeaba en sus buenos tiempos.