Por: Mario Galeana
Los presidentes municipales, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema Penitenciario de Puebla son las autoridades que más quejas recibieron por presuntas violaciones a derechos humanos en 2017.
Según se desprende del Informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), las autoridades de los municipios recibieron 41% de las mil 506 denuncias presentadas en Puebla.
Los Ayuntamientos de Puebla (96 quejas), Teziutlán (65), Tehuacán (64), Izúcar de Matamoros (55), Huauchinango (44) y San Pedro Cholula (37) fueron las autoridades municipales que más hechos violatorios de derechos humanos acumularon en 2017.
De acuerdo con la CDH, 54.4% de las quejas corresponden a la presunta violación al derecho a la seguridad jurídica. Otro 18% de los quejosos manifestó que su derecho a la integridad y seguridad personal fue vulnerado. El resto se divide en denuncias correspondientes a faltas al derecho a la legalidad, al trato digno, a la educación, a la protección de la salud, a la propiedad y a la igualdad, entre otros.
En tanto, el organismo local recibió 364 quejas contra la FGE y 215 denuncias más sobre las autoridades que integran el Sistema Penitenciario del estado.
Las quejas sobre la Fiscalía versan, sobre todo, por tratos inhumanos, actos de tortura o detenciones ilegales. Como se sabe, la Fiscalía Anticorrupción en Puebla ha recibido 950 denuncias por presuntos actos de tortura, de acuerdo con cifras dadas a conocer por su titular, María Eugenia Calderón Olimán.
En lo que corresponde a las quejas contra derechos humanos presentadas en contra de las autoridades que integran el Sistema Penitenciario, es el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez el ente que más denuncias reúne, al registrar 72 durante el año pasado.
La CDH recibió 34 expedientes más contra autoridades del penal de San Miguel, ubicado en Puebla; 29 contra funcionarios del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, y 18 más corresponden a la cárcel regional de Tehuacán.
En su diagnóstico sobre las cárceles en el estado, el organismo determinó que las condiciones de estancia de los reos afectan sus derechos humanos porque carecen de espacio suficiente en sus celdas, y el alimento y el trabajo son escasos.
“La infraestructura penitenciaria en la mayor parte de las cabeceras distritales son edificaciones antiguas que no fueron diseñadas como instalaciones de reclusión; un claro ejemplo de la ineficiencia de este tipo de construcciones se dio como resultado del sismo que inhabilitó tres de estos centros, cuya población tuvo que ser reubicada”, señaló.
