Apenas, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que los derechos de la periodista y escritora fueron vulnerados
Por: Staff 24 Horas Puebla
Foto: Archivo Agencia Cuartoscuro
El ex gobernador Mario Marín Torres y la administración estatal que encabezó tuvo “un insatisfactorio cumplimiento” a la Recomendación 16/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida por la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Mediante un comunicado, el organismo informó que el gobierno de Quintana Roo, donde fue detenida la también escritora para ser trasladada a Puebla, tampoco cumplió con lo prescrito por la CNDH.
“Este organismo nacional conoció de los hechos descritos y, en su momento, emitió la Recomendación 16/2009 a los entonces gobernadores de Puebla y Quintana Roo, al advertir una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista, quienes tuvieron un insatisfactorio cumplimiento en su atención”, expuso el texto.
La CNDH agregó que tuvo conocimiento de la resolución emitida el pasado 31 de julio por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que determinó que los derechos de Cacho Ribeiro fueron vulnerados.
La resolución deviene de la solicitud presentada por la activista, con la representación de la organización Article 19, en la cual arguyó ser víctima de violación a distintos derechos humanos, como consecuencia de la denuncia interpuesta por el empresario Kamel Nacif Borge por los presuntos delitos de difamación y calumnia.
“El Comité advirtió distintas irregularidades cometidas y determinó que el trato al que fue sometida la periodista durante su traslado de Quintana Roo a Puebla constituyó una violación al Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes”, explicó.
Indicó que la detención de Lydia Cacho no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo y arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto.
En su comunicado, el organismo calificó dicha resolución como un precedente importante sobre distintos derechos, al establecer criterios claros sobre la no utilización del derecho penal para castigar a defensores y periodistas por hacer uso de la libertad de expresión.
Después de señalar una red de prostitución y pornografía infantil en 2005, Cacho Ribeiro fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla.
En el trayecto, la periodista aseguró que fue torturada por policías judiciales, por lo cual presentó una denuncia penal por los hechos y se desprendió una orden de aprehensión y captura en contra de los presuntos responsables.