Por: Guadalupe Juárez
Puebla, junto con Guerrero y Oaxaca, presentaron el mayor número de agresiones y actos violentos que se perpetraron en el marco del proceso electoral del 1 de julio.
Lo anterior se desprende del “Estudio sobre delitos electorales. Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en el cual mencionan que 16% de las agresiones contra políticos y candidatos se suscitó en Puebla, lo que lo convierte en el estado más violento del país.
En el documento indican que en el proceso electoral de este año se registraron cerca de 800 agresiones a diferentes actores políticos que consistieron en amenazas, intimidaciones, asaltos, agresiones físicas, secuestros y asesinatos. De estos, 51% se concentró en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.
En contraste, Aguascalientes, Colima y Nayarit son los estados con menos violencia registrada en los comicios.
En cuanto a la violencia política contra mujeres, Puebla también es el que más casos registró con 23 agresiones.
En el balance de la jornada electoral del ONC, indican que el día de los comicios hubo mil 34 denuncias, de las cuales Puebla concentró la mayoría, con 122, seguido de Ciudad de México con 39 y Estado de México con 38.
“Frente al que —tentativamente— puede ser el proceso electoral con más participación ciudadana, en entidades como Puebla el día de la jornada se vivió con poca integridad electoral”, señala el documento.
Lo anterior debido a la investigación de la Fepade en las incidencias en 70 casillas de la entidad, en las que se registraron actos de saqueo, robo, retención y quema de urnas.
De los estados donde se registró cambio de gubernatura, en Puebla, Michoacán y Veracruz se presentó un incremento en las carpetas de investigación un año antes de la elección, lo que significa que aumentan los delitos, situación que se agrava conforme se acercan los comicios.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Puebla también fue de los estados que carecen de información en materia de delitos electorales, al igual que Chiapas, Morelos, Guanajuato, Tabasco y Yucatán.
El ONC concluyó que las instituciones electorales, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son opacos en cuanto a información básica que deben brindar a los ciudadanos, además de no responder a solicitudes de información respecto a la distribución del número de funcionarios públicos, presupuesto, ejercicio del gasto, así como de programas internos o externos que evalúe sus logros obtenidos.
