Sin Derecho de Réplica
Por: Alberto Rueda / @AlbertoRuedaE
En las próximas semanas —o quizá días— se concretará el aumento al precio del pasaje en el transporte público.
Lo tendrá que hacer esta administración para evitarle un golpeteo político y mediático a la próxima gobernadora que cargará a cuestas durante su sexenio la crítica de la oposición en la figura del partido Morena por lo que haga o deje de hacer.
El gobierno de Tony Gali tendrá que asumir esta decisión.
Los transportistas han argumentado que el costo de la gasolina, refacciones y demás insumos ha aumentado considerablemente, lo que hace impostergable el incremento del costo del pasaje.
Arturo Loyola, quien se ha autodenominado líder de los transportistas, ha sido un férreo defensor e impulsor del aumento a la tarifa, claro, sin ofrecer antes soluciones al pésimo servicio que prestan las diversas rutas del transporte colectivo.
Eso sin mencionar que los conductores se convierten en una amenaza latente al momento de transitar por las avenidas de la zona metropolitana, provocando accidentes que resultan, en muchos de los casos, mortales y los que no son mortales, provocan lesiones graves a terceros; en estos casos, tanto los choferes como los concesionarios buscan evadir el pago de los gastos médicos y casi siempre lo logran.
Lo anterior dicho por el perredista Julián Rendón, quien a su vez es el presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso del estado.
Él mismo habló primero sobre la nula probabilidad de que se lograra avanzar en la intención de un aumento, pero después me dejó claro que existen las condiciones para que se concrete esta exigencia por parte de los transportistas.
Ahora bien, la absurda propuesta de los concesionarios de incrementar el precio del pasaje a 12 pesos no prosperará, sin embargo, Arturo Loyola tenía que pagar el costo político que esa solicitud representaba para quedar bien con los dueños del transporte por un lado y con el morenovallismo por el otro.
Todo estaba calculado y el aumento se tiene previsto que alcance entre los ocho y nueve pesos.
En Veracruz, la semana pasada los transportistas solicitaron también un aumento en el costo del pasaje y sin acuerdo formal, decidieron incrementar la tarifa de forma unilateral.
Miguel Ángel Yunes, gobernador de aquella entidad, implementó un operativo contra quienes tomaron esa ventajosa decisión, al margen de la legalidad.
Cuando detectó que una ruta del transporte colectivo estaba haciendo dicho cobro indebido no sólo sacó de circulación la unidad supervisada, sino que revocó la concesión de toda la flotilla.
De inmediato los concesionarios bajaron la mirada y casi suplicaron perdón.
Hoy existen condiciones para negociar un aumento, siempre y cuando mejoren la calidad de su servicio y de sus unidades.
Lo mismo debería pasar en Puebla.
Aquellos que no quieran mejorar el servicio antes de solicitar un aumento entonces que se hagan un lado y que otros empresarios inviertan en este negocio probadamente redituable.
Porque si ya no es negocio para ellos, ¿por qué se aferran a seguir en él?
Es pregunta.
