El organismo recomendó a la Sedena y al gobierno del estado la reparación del daño a las víctimas, donde se incluya indemnización, asistencia médica y psicológica
Por: Guadalupe Juárez
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que en el operativo en Palmarito Tochapan, en Quecholac, en mayo del año pasado, la Sedena y la Policía Estatal cometieron violaciones graves a los derechos humanos, por lo cual emitió la recomendación 12VG/2018.
Entre las anomalías encontraron que la ejecución de dos personas fue arbitraria, así como “trato cruel” a 12 más, incluidos tres menores de edad y la “detención arbitraria” de dos infantes; la manipulación de un cadáver y la colocación deliberada de armas largas a dos fallecidos.
La conclusión parte de los informes de las autoridades junto a las declaraciones de víctimas, familiares y testigos presenciales, así como los videos proporcionados por particulares y por el gobierno estatal.
Tras entrevistas y la revisión de los expedientes, la CNDH determinó —por ejemplo— que tanto a los detenidos como a los fallecidos en el enfrentamiento, incluidos los elementos de la Sedena, no les aplicaron exámenes químicos o físicos para determinar que hayan detonado algún arma.
Además, peritos de la CNDH establecieron que no existían elementos balísticos para comprobar que los tripulantes de la camioneta marca Lincoln —donde diversos videos difundidos por medios de comunicación se observa el enfrentamiento con la Sedena con civiles con chalecos antibalas— pudieron haber disparado del interior de la misma.
Con lo anterior, el organismo señala que los militares no debieron ejecutar a los civiles, pues sólo podían responder a la agresión, sin embargo, no les habrían disparado desde el interior del vehículo mencionado, como señalaron las autoridades tras el operativo.
Tampoco —indica la investigación de la CNDH— hay pruebas suficientes que demuestren, como se mencionó en un inicio, que las armas aseguradas hayan sido accionadas, es decir, fueron sembradas.
A esto se suma que las personas detenidas, incluidos los menores de edad, refirieron que durante el trayecto fueron golpeados.
Los hechos violatorios son atribuidos a servidores públicos de Pemex, en específico a las fuerzas de seguridad que ese día acompañaron a las demás autoridades en el operativo, a la Procuraduría General de la República —que se negó a entregar el expediente— a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Tribunal Superior de Justicia.
A la petrolera le indican no permitir resguardar detenidos en sus instalaciones, debido a que comprobaron que las personas aprehendidas permanecieron en una planta de rebombeo de la empresa en Palmarito Tochapan.
Por lo anterior, la CNDH recomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la administración estatal reparar el daño de las víctimas, en las que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica.
Además, les pide colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado. También le pide a la Sedena atender la queja por la manipulación del cuerpo de una víctima y la colocación de las armas largas a dos cadáveres.
Al gobierno le solicitan “implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la franja del huachicol” y en coordinación con los ayuntamientos ubicados en esa zona.
En cuanto a la FGE, le solicitan que continúe con las carpetas de investigación iniciadas por el homicidio de tres sujetos después del operativo, además de que las investigaciones contra personas relacionadas con el robo de hidrocarburos sean integradas y determinadas a la brevedad.
A Héctor Sánchez Sánchez, titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le recomendaron colaborar con la queja que formularan en la Comisión de Disciplina por las imprecisiones en las necropsias de los peritos practicadas a nueve cadáveres, incluidos las de los cuatro elementos del Ejército Mexicano.
