Con 26 votos a favor y 15 abstenciones, el Congreso local aprobó una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
Por: Mario Galeana
Con 26 votos a favor y 15 abstenciones, el Congreso de Puebla aprobó una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que impediría al fiscal general con licencia Víctor Carrancá Bourget nombrar como sucesor en el cargo a Gilberto Higuera Bernal, quien hoy labora como encargado de despacho de la misma.
El proyecto promovido por Morena fue aprobado tan sólo 18 días después de que la anterior legislatura reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía para permitirle a Carrancá Bourget solicitar licencia por más de 30 días y nombrar a su posible sucesor.
Durante la discusión de la iniciativa, los diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza acusaron que el dictamen de la iniciativa de reforma les fue ocultado hasta el momento de la votación.
Además, señalaron irregularidades durante la instalación de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que preside la morenista María del Carmen Cabrera Camacho.
Fue dicha comisión la que dictaminó una nueva reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía para permitirle al Congreso local abrir el proceso de designación del titular de este órgano autónomo y participar en la proposición de perfiles.
El párrafo adherido a la reforma expresa lo siguiente: “Si la ausencia del Fiscal General del Estado fuera mayor a 30 días, ésta se entenderá como ausencia definitiva, en consecuencia, se realizará el procedimiento establecido en el artículo 97 de la Constitución Política de Puebla”.
Aunque la bancada de Morena-PT-Encuentro Social negó que la modificación viole el principio de irretroactividad de la ley, el gobernador José Antonio Gali Fayad aún puede hacer uso de su derecho de veto a la iniciativa y devolver el proyecto de reforma al Congreso local para un nuevo análisis.
De hacerlo, el presidente de la Mesa Directiva, el petista José Juan Espinosa Torres, dijo que el gobernador incurriría en una violación a la autonomía del poder legislativo, una falla que –según él– permitiría iniciar un juicio político en su contra.