Por: Mario Galeana
La incertidumbre laboral en la que se encuentran 76 trabajadores del Congreso local por el despido masivo ordenado por el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, ha alcanzado a Arturo Rojas Reyes, una persona con discapacidad que labora en el área de Atención Ciudadana.
Rojas Reyes inició sus labores en mayo del año pasado, y su contratación significó que el Congreso de Puebla obtuviera la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI 2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Aunque nunca ha sido sancionado de manera administrativa, Espinosa Torres lo incluyó en el grupo de supuestos trabajadores que eran aviadores del PAN, un argumento con el que pretende justificar los despidos de las 76 personas que se encuentran contratadas bajo el esquema de asimilados, distintos al personal de base y de confianza.
Ayer mismo, personal de Recursos Humanos se comunicó con él para decirle que su contrato había rescindido, y que “hasta nuevo aviso” no estaba considerado en la nómina del Congreso local. Buscó a Espinosa Torres y, según el diputado, se tenía contemplada su contratación.
Pero todo ha quedado en incertidumbre. “Creo que sí me incluyeron en el grupo de los supuestos aviadores. Si me dijeron que ya terminó mi contrato, pues supongo que sí. No se me contempló como una persona con discapacidad que siempre ha venido a trabajar”, lamentó en entrevista con 24 Horas Puebla.
La vulnerabilidad
Arturo Rojas Reyes labora como analista en el departamento de Asistencia Ciudadana por un salario mensual de ocho mil pesos. Su labor consiste en recibir los escritos que presentan los ciudadanos y girarlos al director en turno.
Su discapacidad le impide moverse de la cintura hacia los pies y, por tanto, se desplaza en una silla de ruedas. Adaptó una motocicleta para poder trasladarse desde su hogar, que se encuentra el sur de la capital, hasta el Congreso de Puebla.
Toda esta complejidad en su vida inició muy temprano, cuando tenía tan solo cuatro años: al intentar ir por un balón a la calle, un automóvil lo atropelló. Él, dice, guarda una imagen desde entonces: la de su pequeño cuerpo tirado en el asfalto, una especie de proyección corporal que asocia a Dios.
Fue su motocicleta lo que creó su vínculo con el Congreso: el ex diputado José Ángel Pérez García, de Movimiento Ciudadano, es integrante de un club de motociclistas. Establecieron una amistad y el legislador le dijo que intentaría conseguir que fuese contratado en el Poder Legislativo.
La incertidumbre laboral en la que se encuentra se agudiza si se considera que, en noviembre del año pasado, a su esposa María Mercedes Hernández le fue diagnosticado cáncer de mama.
“Nos hemos visto muy presionados desde entonces, pero gracias a este trabajo íbamos saliendo los dos. Ahora estamos pagando las quimioterapias. Afortunadamente conseguimos apoyo en una asociación y estamos pagando mil 500 pesos por cada sesión. En algunos otros lugares, el costo es de más de cuatro mil 500 pesos”, detalla.
“Por eso quisiera que me permitieran continuar laborando por lo menos hasta diciembre de este año, que es cuando se acaba el tratamiento de mi mujer. Quisiera que esta petición también llegara al gobernador para que intercediera, y para que, si se me llega a recontratar, pueda ser de base o de confianza, para que así tenga el apoyo de seguridad social que ahora no tengo. Sólo pido una oportunidad. No estoy en contra de nadie ni de nada, y no soy aviador. No quiero que me vean como algo malo”, agrega.
