En la ley electoral, la probidad de los personajes que se postulan a cargos de elección se relega prácticamente a los partidos políticos
Por: Mario Galeana
Cuando el homicidio de Félix Aguilar Caballero, presidente municipal electo en Nopalucan, fue confirmado durante la noche del lunes 3 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se aprestó a revelar la presunta participación del occiso en el robo de trenes que se registra en aquella región.
José Tlachi Meneses, subsecretario de Operaciones de la SSP, dijo de manera oficial que el homicidio de El Tanque, como se le conocía al edil electo del PVEM, podía estar ligado a un “ajuste de cuentas” entre bandas dedicadas al asalto de trenes y huachicoleros. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó ayer que, entre las líneas de investigación por el crimen, “ninguna está relacionada con su actividad política”.
Ambas declaraciones revelan que las autoridades estatales tenían conocimiento sobre la probable participación criminal de un candidato… y decidieron mantenerse al margen.
No se trataba de indicios débiles. Aguilar Caballero mantenía una disputa con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que en junio lo acusó de acompañarse de hombres “fuertemente armados” para intentar secuestrar a uno de sus agremiados, y el teléfono de emergencia 911 recibió “en múltiples ocasiones” –según versiones filtradas a la prensa– alertas sobre la supuesta participación del candidato electo en actos criminales.
Así, con ese historial, el candidato del PVEM recibió el pasado 1 de julio un total de dos mil 921 votos en las urnas instaladas en Nopalucan, y nada le habría impedido rendir protesta el 15 de octubre próximo.
Pero aparecieron las balas.
La flaqueza de la ley
En la ley electoral, la probidad de los personajes que se postulan a cargos de elección se relega prácticamente a los partidos políticos, pues el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla (Coipep) guarda sólo tres prohibiciones relacionadas a la justicia cuando se trata del registro de candidatos.
El código indica que no podrán postularse quienes “hayan perdido o tengan suspendidos sus derechos civiles o políticos”, quienes hayan sido inhabilitados “por sentencia judicial o resolución administrativa firme” en algún cargo anterior, y quienes sean declarados “legalmente incapaces” de competir.
Con tal marco legal, el principal filtro de cada proceso electoral son las fuerzas políticas. Pero estas han demostrado poca capacidad para identificar los nexos de sus candidatos, el origen de los recursos con los que sustentan sus actividades políticas y su pasado.
El crimen se ha colado –o ha intentado colarse– en casi todos los colores: desde Morena y el PT, que estuvieron a punto de postular al tío de un líder huachicolero asesinado por otra célula criminal, hasta partidos locales como el PSI, que convirtió a Pablo Morales Ugalde en alcalde de Palmar de Bravo antes de que la Marina lo detuviera por sus probables vínculos con el crimen dedicado a la extracción y venta ilegal de hidrocarburos.
El crimen y la política
El asesinato de Aguilar Caballero es sólo el más reciente episodio en una larga cadena en donde el crimen parece haber minado la política.
En agosto, la Policía Federal y el Ejército catearon el domicilio del alcalde de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, por su presunta vinculación con una célula del crimen organizado relacionada al robo de combustible.
Las autoridades federales sólo detuvieron por portación ilegal de armas a la esposa del alcalde, Ilse Bernabé Gutiérrez, pero se le permitió mantener su proceso en libertad. Finalmente, las acusaciones contra Valencia Ávila se diluyeron.
A mediados de octubre, el edil de Venustiano Carranza dejará su encargo para cedérselo a su hermano, Vicente Valencia Ávila, que fue postulado por la coalición Por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC-CPP-PSI).
Entre los alcaldes electos con serios cuestionamientos se encuentra también José Alejandro Martínez Fuentes, candidato vencedor en Quecholac, situado en el cinturón de robo de combustible en el estado.
Aunque se ha deslindado de cualquier actividad criminal, el próximo alcalde de Quecholac es hermano de Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, presunto lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abocado a vender y trasladar huachicol.
Martínez Fuentes fue postulado como candidato por el partido Pacto Social de Integración (PSI), el mismo instituto político que postuló con éxito a Morales Ugalde a la presidencia de Palmar de Bravo, en donde despachó hasta el 6 de julio de 2017, cuando fue aprehendido por la Marina y la PGR por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
En aquella misma región, más conocida como el triángulo rojo, la coalición Juntos Haremos Historia estuvo a punto de postular como candidato a la alcaldía de Palmar de Bravo a Martín Mirón López, tío de Jesús Martín Mirón López, un líder huachicolero conocido como El Kalimba que fue ejecutado por un grupo rival en octubre del año pasado.
La postulación de Mirón López se gestó desde la dirigencia estatal del PES, que en este proceso electoral fue acusada por la presunta venta de candidaturas, pero fue frenada por las direcciones de Morena y PT.