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Durante su aprobación, las bancadas del PRI y del PRD reconocieron que, antes de que se les retirara este servicio, los registros civiles en las juntas auxiliares incurrieron en actos de corrupción durante la expedición de actas de nacimiento y de defunción.
Sin embargo, la jefa de la bancada del PRI, Rocío García Olmedo, advirtió que la nueva reforma a la Ley Orgánica Municipal aprobada incluye un sistema de control para fiscalizar a las juntas auxiliares.
También se establecen penas de cárcel de hasta ocho años y multas de entre 200 y mil días de salario mínimo contra quienes incurran en falsificación de documentos.
Por su parte, la diputada Vianey García Romero, dijo que la reforma otorga identidad jurídica a las juntas auxiliares par recibir presupuestos equitativos y justos, y no "al contentillo de los gobiernos municipales".
La reforma a los artículos 91 y 231 de la Ley Orgánica Municipal fue aprobada por unanimidad.