Según el código de procedimientos electorales, dichos funcionarios no pueden pronunciarse por un proceso abierto
Por: Mario Galeana
Con 21 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de Puebla aprobó que se cite a comparecencia a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).
Durante la votación, los bloques legislativos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acusaron vicios en el proceso de la propuesta –que fue presentada al pleno por la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de la Elección a Gobernador, un órgano integrado exclusivamente por diputados de Morena, PT y PES–, además de la “extralimitación” en las funciones del Poder Legislativo.
La solicitud de comparecencia promovida a nivel local coincide con la invitación que el Senado de la República hizo a los integrantes del TEEP para que ayer, en comisión, detallaran las supuestas anomalías detectadas durante la elección.
Los integrantes del órgano jurisdiccional se excusaron de acudir a la Cámara alta a través de un comunicado en el que señalaron que no podrían pronunciarse al respecto, en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no declare la validez de la elección.
“Las actuaciones realizadas por este Tribunal Electoral Local están sujetas a un proceso de control jurisdiccional y previsto en la Constitución Federal. Y quien debe juzgar dichas actuaciones y resoluciones emitidas por este tribunal estatal es el TEPJF”, señalaron los magistrados locales.
ACUSA POR PUEBLA AL FRENTE PERSECUCIÓN CONTRA ÓRGANOS
En la discusión, el panista Oswaldo Jiménez López dijo que, de acuerdo con el Código de Procedimientos Electorales, ni los magistrados ni los consejeros pueden pronunciarse por un proceso abierto.
A su vez, el coordinador de la fracción del PAN, Marcelo García Almaguer, aseguró que la solicitud de “comparecencia” es un intento de la mayoría legislativa de Juntos Haremos Historia para intervenir y sembrar miedo entre los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) y el órgano jurisdiccional.
“Esto rebasa los límites éticos de decencia política, porque se trata de imponer miedo a quienes toman decisiones de manera autónoma. Es irresponsable porque vicia un proceso jurídico abierto, y la intervención del Congreso sobre un caso abierto sólo puede generar un efecto corruptor, traslada el debate de argumentos hacia un debate mediático”, reprochó desde la tribuna.
El jefe de la bancada del PRD, Armando García Avendaño, exhibió que el dictamen había sido redactado como si la votación ya se hubiese realizado, pues estaba signado por los integrantes de la Mesa Directiva y no por la Comisión Especial o la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el órgano que cuenta con facultades para citar a comparecer a los funcionarios.
MORENA AVASALLA Y AMENAZA A GALI
“De la minuta se desprende que el presidente de la Mesa Directiva (José Juan Espinosa) suple o quiere suplir al presidente de la Junta de Gobierno (Gabriel Biestro). Genera la apariencia de que toma su lugar”, detalló.
Los errores en el dictamen y la insistente defensa que realizaron los diputados del bloque Por Puebla al Frente no cejaron a la coalición Juntos Haremos Historia, que utilizó su mayoría para aprobar la “comparecencia”.
Incluso, el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, amenazó con solicitar la comparecencia del gobernador José Antonio Gali Fayad, a quien acusó de ejecutar la “elección de Estado” que, según él, se registró el 1 de julio.
Probar supuesta intervención del mandatario es el primer paso para, según Espinosa Torres, iniciar un procedimiento de juicio político en su contra.
“El 80% de los espectaculares que se instalaron de manera irregular durante la campaña no estaba regularizado, ¡esto es otra prueba de que hubo una elección de Estado, y que la causal de nulidad de elección de Estado nunca fue analizada!”, arengó.
El coordinador de Morena, Gabriel Biestro, justificó la solicitud de “comparecencia” al señalar que es una exigencia de la ciudadanía que se aclare la elección del 1 de julio.
“No habrá un acuerdo en lo oscurito para librarse. No nos van a negar esto con los argumentos legaloides y mediáticos en los cuales se amparan. El tribunal y el IEE reciben recursos del erario y deben responder a los fines de la ciudadanía”, declaró.