Entre los asistentes se encontraba Adolfo Karam Beltrán, Socorro Quezada Tiempo y la activista Concepción Hernández Méndez.
Por: Mario Galeana
Con la realización de un foro que duró menos de cuatro horas, el Congreso de Puebla pretende suplir y legitimar un proyecto de ley que sustituya a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, conocida como la Ley bala.
Los diputados de Juntos Haremos Historia se encargaron de invitar a los ponentes, entre quienes incluyeron al activista y defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof, uno de los asistentes a la marcha contra el supuesto fraude electoral a la que convocó en meses previos el ex candidato Miguel Barbosa Huerta.
Al foro también acudió el jefe de la Policía Judicial durante el sexenio de Mario Marín Torres, Adolfo Karam Beltrán, quien consideró que Puebla no necesita una ley que regule el uso de la fuerza pública, sino un programa de capacitación a policías para que éstos no cometan abusos durante sus operativos.
También asistió la ex diputada Socorro Quezada Tiempo, quien, contrario a Karam Beltrán, dijo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exige a los gobiernos un marco legal que regule la actuación de los cuerpos policiacos.
El resultado fue confuso. No sólo porque se utilizó a alumnos de la Universidad Siglo XXI para poder llenar algunos de los lugares del recinto, sino porque incluso Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada de Morena, dijo que las propuestas de los activistas, ex jefes policiacos y especialistas no necesariamente derivarán en una nueva ley.
También señaló que, posiblemente, el Congreso de Puebla no realizará ningún otro foro para cubrir el vacío legal que deje la abrogación de la llamada Ley bala.
“No se necesita ninguna ley suplementaria. No se necesita una ley adicional a la que se hizo de lado, a la que se abrogó, porque de todas formas las corporaciones (policiacas) tienen sus propios mecanismos, sus protocolos, su forma de trabajar. Estas son cuestiones más políticas por parte del Ejecutivo, que está haciendo oídos sordos a las demandas de la ciudadanía”, alegó.
En contraste, la activista Concepción Hernández Méndez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, opinó que la ONU ha sentado que se requiere una ley que regule el uso de la fuerza porque ésta también protege los derechos humanos de los policías.
“El propósito es también proteger a los policías, porque también la ONU los contempló como sujetos que pueden estar en riesgo, que en cualquier momento, al cumplir sus funciones, pueden ser atacados y pueden perder la vida”, explicó.
El foro consultivo realizado ayer fue organizado después de que el gobernador José Antonio Gali Fayad hiciera observaciones a la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, aprobada durante la primera sesión ordinaria de la LX Legislatura.
El mandatario estatal turnó de vuelta al Congreso el dictamen porque los diputados locales no incluyeron la promoción de una nueva legislación que dotara a los cuerpos policiacos de un marco legal para actuar en caso de protestas, marchas o enfrentamientos.