El coordinador de la fracción del PT dijo que no hay “quejas formales” contra el primer balance del mandatario estatal, por lo que consideraron no reabrirla
Por: Mario Galeana
El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, José Juan Espinosa Torres, se retractó en su intento de reabrir la cuenta pública 2017 del gobernador José Antonio Gali Fayad.
En entrevista, el coordinador de la fracción del PT dijo que no hay “quejas formales” contra el primer ejercicio fiscal del mandatario estatal, por lo que se decidió dejar fuera su revisión. Sin embargo, amagó con solicitar su reapertura en los siguientes meses.
“Hasta este momento, la Comisión Inspectora no ha recibido denuncias formales, como sí sucede en el caso de ayuntamientos y órganos desconcentrados. Eso no quiere decir que en los próximos días podamos presentar un dictamen de la misma naturaleza”, advirtió.
La Comisión Inspectora, controlada por los diputados de Juntos Haremos Historia, también se abstuvo de reabrir las cuentas públicas aprobadas entre junio y septiembre de este año correspondientes al Poder Judicial, del Congreso local y del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz.
No obstante, se mantuvo la decisión de revisar las correspondientes a ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales.
Entre éstas destacan las del alcalde capitalino Luis Banck Serrato, así como las de otros 146 presidentes municipales.
La decisión fue tomada en fast track y a mitad de la sesión ordinaria de ayer, lo que motivó críticas por parte de la bancada del PRI y de los grupos legislativos que integran la alianza Por Puebla al Frente.
Antes de que la sesión terminara, los integrantes de la Comisión Inspectora regresaron al Pleno y solicitaron la revisión de esos ejercicios fiscales.
Tras una discusión de casi dos horas, en la que se cuestionó que el principio de definitividad de las decisiones de la anterior Legislatura podría violarse, la reapertura de estos ejercicios de fiscalización fue aprobada con 25 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
GENERA CONTROVERSIA
Entre los opositores a la reapertura se encontraba la coordinadora del PRI, Rocío García Olmedo, quien cuestionó que el dictamen no fue presentado al resto de los diputados de la LX Legislatura, por lo que se desconocía no sólo los sujetos de revisión, sino el número de cuentas que serían analizadas una vez más.
En concordancia, el priista Javier Casique Zárate tildó de “terrorista” la intención de los diputados de Morena, PT y PES.
“Estamos totalmente en desa-cuerdo ante los procedimientos de esta Comisión Inspectora para analizar dictámenes aprobados en la anterior Legislatura. Sin criterios ni determinación de un equipo técnico, para mí eso suena a terrorismo, no a fiscalización”, criticó.
A los señalamientos se sumó el jefe de la bancada del PRD, Armando García Avendaño, quien dijo que el proceso de fiscalización de los ayuntamientos y otros sujetos obligados terminó una vez que el Pleno de la anterior Legislatura los sometió a votación.
“Legislar no es un proceso de opiniones, sino de debates y razones jurídicas. Quiero manifestar que el punto de acuerdo encierra diferentes contradicciones. La iniciativa propone la revisión de los dictámenes, sin embargo, la comisión carece de dichas facultades”, abundó.
En respuesta, el morenista Héctor Alonso Granados dijo que, durante la anterior Legislatura, donde el PAN tuvo mayoría, las cuentas públicas fueron utilizadas como garrote político.
“Tratamos de hablar civilizadamente con ustedes, tratamos de ser corteses (…) quedamos en que nos íbamos a respetar y que se transmitiría el mensaje… ¡ah!, pero nos vetan. ¡Nos vetan! Resulta que hasta el 14 de septiembre en este recinto, con su mayoría (la del PAN), las cosas sí se podían hacer: se podían abrir cuentas, se podían aprobar, se podían mandar a revisar. ¡Y ahora ya no!”, arguyó.
