La iniciativa contempla que la administración estatal informe al congreso el estatus actual de los proyectos que han sido contraídos por gestiones pasadas.
Por: Mario Galeana
Los diputados de Juntos Haremos Historia presentaron un paquete de iniciativas para que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), el esquema por el cual se financió, entre otras obras, el Museo Internacional del Barroco (MIB), sean considerados deuda pública.
La propuesta fue presentada por la morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo durante la sesión ordinaria de ayer, donde señaló que Puebla tiene uno de los niveles de endeudamiento más altos por compromisos financieros.
“Eso orilla al gobierno del estado a incrementar sus ingresos porque requiere de más financiamiento (…) Deben ser incluidos en una nueva concepción de lo que es la deuda pública incorporando obligaciones y financiamientos”, detalló la legisladora.
La iniciativa contempla que, en caso de ser aprobada –como se prevé– la administración estatal informe al Congreso local el estatus actual de los PPS que han sido contraídos por gestiones pasadas.
Además del MIB, el Centro Integral de Servicios (CIS) y las plataformas de instalación de la armadora Audi, en San José Chiapa, son algunas de las obras financiadas mediante el esquema de PPS.
DISCUTEN POR ESPECTACULARES
A través de su mayoría de 22 diputados, el bloque Juntos Haremos Historia impuso ayer una reforma que restará al gobierno estatal la facultad de administrar y conceder permisos y recursos provenientes de los espectaculares que se instalan en la zona metropolitana del estado.
Durante la discusión del dictamen, las bancadas del PRI y PRD acusaron la falta de inclusión de propuestas por parte de los diputados de Morena, PT y PES, así como errores en la redacción de la reforma.
Los coordinadores de Morena y PT, Gabriel Biestro Medinilla y José Juan Espinosa Torres, defendieron la propuesta al señalar que otorgar la regulación de estos anuncios a los ayuntamientos acabará con el negocio de las autoridades estatales.
“Este es parte del desmantelamiento de negocios que se hicieron al amparo del poder público (…) Aprobamos esta reforma antes de que entren las nuevas administraciones porque los ayuntamientos deberán incluir en sus reglamentos la prevención y el control de la contaminación visual ocasionada por los espectaculares”, dijo Espinosa Torres.
A su vez, Biestro Medinilla previó que el gobernador José Antonio Gali Fayad pueda aplicar una vez más su derecho y turnar de vuelta al Congreso la reforma con nuevas
observaciones.
“Este dictamen cumple con un principio fundamental: devolverle al municipio un derecho que era suyo. Hay que dejar de centralizar las cosas, los recursos y devolverlos a quienes pertenecen”, defendió.
Tras una larga discusión, el dictamen fue aprobado con 22 votos, una abstención y en contra los sufragios de 18 diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, PVEM, Compromiso Por Puebla y Nueva Alianza.
SOLICITAN INFORME POR MANDO ÚNICO EN TEHUACÁN
En la sesión de ayer, el Congreso de Puebla también aprobó por unanimidad solicitar al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, rendir un informe sobre los resultados del operativo por el cual el gobierno estatal asumió la seguridad pública en Tehuacán.
La propuesta fue solicitada por Fernando Sánchez Sasia, de Morena, quien pidió también que se informe si existen funcionarios de la administración de Ernestina Fernández Méndez, alcaldesa de Tehuacán, que son sujetos de investigación por su presunta colusión con bandas delincuenciales.
A decir de Sánchez Sasia, la percepción de inseguridad entre los pobladores de Tehuacán –región a la que representa en el Congreso local– no ha disminuido desde que la administración estatal decretó asumir las labores de seguridad en el municipio el 23 de agosto.
“Tehuacán dice basta. Basta de tanta inseguridad. Ahora nos enteramos, con pesar, que opera un cártel originario de Tehuacán. Necesitamos saber los alcances de esta acción que decidió implementar el gobierno”, dijo.
Su solicitud fue respaldada por los representantes de todas las bancadas del
Legislativo local.