Por: Mario Galeana
El grupo legislativo del PRI propuso un paquete de reformas para garantizar que en cada distrito judicial del estado se instale al menos un juzgado en materia penal, además de una unidad de orientación, análisis y resolución inmediata.
La diputada Rocío García Olmedo explicó que la iniciativa consiste en reformar los artículos 51 y 21 de las leyes orgánicas del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente.
“Nos corresponde contribuir a atemperar la desigualdad y promover el acceso a la justicia entre los poblanos, sin distinción de estrato social, nivel económico, educativo u orientación sexual”, expuso durante la sesión ordinaria de ayer.
La reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado propuesta por el PRI señala que será una “facultad indelegable” del fiscal la autorización de las unidades de orientación, análisis y resolución inmediata en cada una de las cabeceras de los distritos judiciales del estado.
La modificación al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consiste en dejar sentado que debe haber por lo menos un juzgado en cada una de las cabeceras de los distritos judiciales y, por acuerdo del Consejo de la Judicatura, estos “podrán comprender más de una región o existir varios de ellos en una sola”.
García Olmedo reconoció que no son pocas las normas que establecen como una prerrogativa el acceso a la justicia, “pero cuando contrastamos dichos ordenamientos con la realidad cotidiana, caemos en la cuenta de que es mucho lo que debemos trabajar a fin de trasladar tales derechos a la realidad, pues la desconfianza hacia el sistema de justicia se encuentra insertada en la genética de la población”.
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, mientras en el resto del país los ministerios públicos locales aumentaron en promedio hasta 68%, en Puebla hubo una reducción de -41.86% de 2015 a 2016.
Es decir, en un solo año, Puebla pasó de contar con 4.3 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, a tener sólo 2.5. Con este indicador, la entidad se ubicó como la segunda con la mayor reducción de personal necesario para el desempeño de la Fiscalía.
