El académico reconoció que dejar sin vigor el estatuto que regula el uso de la fuerza pública tiene un “trasfondo político”.
Por: Mario Galeana
El académico Enrique Cárdenas Sánchez aseguró que la abrogación de la llamada Ley bala habría despojado a los cuerpos policiacos de instrumentos jurídicos para poder realizar sus protocolos de actuación.
A través de un análisis presentado al Congreso, el ex aspirante a candidato independiente al gobierno de Puebla reconoció que hay un “trasfondo político” en la urgente abrogación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública por parte de la bancada de Juntos Haremos Historia.
En el estudio, elaborado por investigadores y politólogos de distintas organizaciones, se señala que la eliminación de esta ley no tenía un carácter de urgente y obvia resolución, como alegaron las bancadas de Morena, PT y PES al tratar de suprimir la normativa durante la primera sesión ordinaria de la LX Legislatura.
Cárdenas Sánchez, quien es promotor de la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), señaló que los ayuntamientos carecen de instrumentos legales para regular los operativos de sus policías municipales, por lo que la abrogación de la Ley bala habría provocado lagunas legales en esta materia.
El académico consideró, no obstante, que la actual ley sí debe ser modificada debido a que “tiene muchos problemas, sobre todo con respecto a los derechos humanos”.
“Ciertamente vemos que tiene muchos problemas la ley actual. Sin embargo, no vemos que fuera indispensable abrogarla en su totalidad, salvo que se hubiera pensado en una sustitución”, explicó.
El análisis, presentado ayer al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Juan Espinosa Torres, fue elaborado por Rosa María Cano, ex directora jurídica del Congreso de Guanajuato; Alberto Curiel, académico de la Universidad Iberoamericana: Alejandro Guillén, politólogo de la UPAEP; Luis Raigosa, académico del ITAM; José Manuel Rodoreda, ex consejero del IEE; Clemente Rodero, investigador de la organización Causa en Común, y la abogada Karla Michelle Vera.
Como se sabe, el gobernador José Antonio Gali Fayad devolvió al Congreso local la abrogación de la Ley bala por carecer de una ley supletoria. En respuesta, Morena y sus aliados presentaron ante el Pleno sólo una reforma a la Ley de Seguridad Pública para que los gobiernos municipales emitieran sus propios protocolos policiales, y omitieron las observaciones realizadas por el gobernador.
En consecuencia, el mandatario regresó una vez más la propuesta.
DAN LA RAZÓN A CONGRESISTAS
En el análisis presentado por Cárdenas Sánchez, se incluyen otras tres reformas aprobadas por la LX Legislatura y que han sido devueltas por el gobernador de Puebla: las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, a la Ley Orgánica de la Fiscalía y a la Ley del Medio Ambiente.
En la primera, relacionada con la prohibición de que el Congreso local participe en la designación de alcaldes sustitutos, el académico reconoció que los cabildos deben ser los primeros órganos de gobierno para ejercer tal acción.
En cuanto a la designación de un encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Cárdenas Sánchez también consideró que en este proceso no puede excluirse al Congreso local.
Mientras que en relación a la modificación a la Ley del Medio Ambiente que limita la colocación de anuncios espectaculares, el investigador dijo que esta facultad le fue arrebatada a los ayuntamientos por parte del gobierno estatal.