Sólo Aguascalientes, Guanajuato y CDMX destinaron recursos, sin embargo son administrados sin control o registro público de asignación.
Por: Guadalupe Juárez
Puebla carece de una comisión de víctimas que debería brindar fondos de apoyo, reparación integral del daño y asesoría jurídica a los afectados, según México Evalúa en su informe Derechos de los usuarios en el Sistema de Justicia.
De acuerdo con el documento, a raíz de la expedición de la Ley General de Víctimas que regula el modelo integral denominado Sistema Nacional de Atención de Víctimas. Dicha ley tiene como objetivo el reconocimiento y la garantía de los derechos de quienes fueron afectados por algún delito o violaciones a los derechos humanos, en especial a su acceso a asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.
Asimismo, con ello se podrían establecer las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
El Sistema Nacional de Víctimas tendría que ser operado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a las que los estados fueron obligados a integrar a más tardar en mayo de este año. No obstante, sólo 19 entidades lo hicieron y Puebla no formó parte de ese grupo.
A través de estas comisiones, los estados estarían forzados a tener fondos de apoyo, asistencia y reparación integral. En el país, sólo Aguascalientes, Guanajuato y Ciudad de México destinaron recursos para este rubro, sin embargo –alerta México Evalúa– son administrados sin control específico o registro público de asignación y ejercicio por las instituciones de procuración de justicia.
A ello se suman las complicaciones para que una persona sea reconocida como afectada, pues para acceder a los fondos necesita inscribirse en el Registro Nacional de Atención a Víctimas (Renavi), donde pueden pasar años para lograrlo.
Lo anterior, debido a que se necesita contar con una investigación iniciada, un proceso judicial o un expediente de queja de algún organismo de derechos humanos. Ello los obliga a enfrentar trabas burocráticas, ineficiencia y posible mal trato, denuncian en el análisis.
“Del total de víctimas (en el país) que solicitan el registro, sólo 78% fue inscrito en el Renavi, por lo que más de 20% no tiene posibilidad de acceder a los fondos de ayuda y asistencia que prevé la ley o algún otro mecanismo de atención y/o reparación”, dice el documento.
Sin embargo –advierte México Evalúa– quienes acceden al registro no tienen garantizado el acceso a los beneficios que establece la ley. A nivel nacional, de las nueve mil 462 víctimas que lograron inscribirse al Renavi entre 2014 y 2016, sólo 4% obtuvo acceso a los apoyos que ofrece este fondo.