Garganta Profunda
Por: Arturo Luna Silva / @ALunaSilva
De la excusa de que los problemas son heredados, los alcaldes lopezobradoristas pasaron a culpar de manera directa a los integrantes de los partidos que conformaron Por Puebla al Frente.
Con un discurso sincronizado que tiene el respaldo del ex candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa, su líder moral, alcaldes de Morena, principalmente de la zona conurbada, pretenden disfrazarse de víctimas de un complot de “la oposición”, con el fin de justificar su incapacidad para combatir la alarmante inseguridad y otros problemas. Lo mismo las presidentas municipales de San Andrés Cholula, Texmelucan y Huejotzingo, que los ediles de San Pedro Cholula y Coronango se escudan en la versión de que manos oscuras operan para que los robos, asaltos y ejecuciones desacrediten su “proyecto de nación”. La simpleza de su pretexto es grave porque también entraña el intento de deslindarse de su responsabilidad constitucional.
De la excusa de que los problemas son heredados y la queja por el supuesto golpeteo o linchamiento mediático, como ha dicho la presidenta morenista de la capital, Claudia Rivera Vivanco, los alcaldes y alcaldesas lopezobradoristas han pasado al señalamiento de culpa directa contra los integrantes de los partidos que conformaron el Frente.
Rivera aseguró el lunes, tras firmar un convenio de colaboración con sus correligionarios de la zona metropolitana, que “pareciera que sí hay una estrategia muy perversa para generar una desestabilidad que no vamos a permitir, por eso estamos en unidad, estamos en esa asociación para poner esos altos”.
Advirtió que no van a “cargar responsabilidades de omisiones de administraciones pasadas… Lo tenemos que señalar, si son uno, dos o tres los responsables”.
El tema surgió en la asamblea informativa del domingo –donde no estuvo Claudia–, con Barbosa cobijando a los alcaldes y alcaldesas en el discurso, y donde hubo quienes sugirieron que muchos de los delitos que ocurren son sembrados.
A unas horas de que en todo el estado la ola de violencia llegara a 20 asesinatos, entre jueves y domingo; de ellos, nueve ejecutados en la capital y su zona conurbada, los morenistas lanzaron acusaciones que buscan la autoexoneración.
“Este proyecto de nación ha recibido un golpeteo mediático-político-social fuerte contra las administraciones que hoy encabezan 48 presidencias municipales de la coalición Juntos Haremos Historia”, se quejó la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.
Y remató: Este busca “de-sencantar a la ciudadanía por la confianza que le brindó a un nuevo proyecto de nación… Por eso el linchamiento mediático, por eso dejándonos las presidencias llenas de deudas, con saqueo. Pero saben cuál es el daño más grave que hicieron, dejar desmanteladas las secretarías de Seguridad Pública de los municipios para decir que somos incapaces e ineptos”.
La secundaron en distintos momentos las alcaldesas de Huejotzingo, Angélica Alvarado, y de San Martín Texmelucan, Norma Layón.
La primera dijo que su antecesor, Carlos Morales, hoy diputado local por Movimiento Ciudadano, la acosa y le dejó muchos pendientes judiciales.
“Nos han estado acosando en los temas de seguridad; desgraciadamente todos los temas que llegaron a suceder en las últimas semanas de inseguridad, de robo al transporte, fueron inducidos, y muchas más eran fake news”, dijo Alvarado.
En tanto, Layón de plano denunció que le mandan delitos.
“San Martín Texmelucan estuvo con mucho miedo y en manos del morenovallismo… estamos luchando contra lo que nos mandan en estos últimos días…”, acusó la alcadesa, quien el lunes ocasionó un caos vial sin precedentes en la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta de San Martín, por un operativo que ordenó para prohibir el acceso de tianguistas a la zona de venta.
¿Eso acaso se lo mandaron o ella lo implementó?
Lo mismo, con esa desfachatez de negar la responsabilidad propia, ocurre en Tehuacán, donde el alcalde Felipe Patjane Martínez está embelesado con su consulta sobre el ambulantaje.
También en Puebla capital, donde desconocemos si hay siquiera una estrategia definida sobre el tema, y en muchas de esas 48 alcaldías que gobierna el lopezobradorismo, por la inexperiencia de sus nuevas
autoridades.
Ayuntamientos, además, que concentran 63% de la población del estado.
El mismo domingo, las quejas de los alcaldes y alcaldesas lopezobradoristas encontraron el apapacho de Barbosa Huerta, quien les concedió razón sin la menor reflexión.
El ex senador dijo que la inseguridad atípica es responsabilidad de las autoridades y acusó a la Policía Estatal de tener
vínculos con el crimen organizado.
No dudamos de su afirmación, pero no puede ser generalizada.
Luego, en conferencia de prensa, Barbosa jugó al “hubiera” y dijo que si estuviera como gobernador en funciones habría reestructurado a todos los cuerpos policiacos de la entidad, incluidas las 217 policías municipales.
Yerros, inexperiencia e incapacidad hay en las autoridades emanadas de todos los partidos.
Lo que llama la atención es la sincronía de las lopezobradoristas para echar culpas, martirizarse y acusar de acciones concertadas en su contra.
Llevan poco más de cinco semanas en los cargos en las alcaldías.
Ese argumento no les durará mucho para justificar su falta de resultados.
Hay que ponerse a trabajar en serio y rodearse de personal que de verdad aporte.
BARBOSA DAÑA A PUEBLA: MARTHA ERIKA
La tarde del lunes, al reunirse con liderazgos del Partido Pacto Social de Integración (PSI), la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo les pidió que estén tranquilos ante la proximidad de la resolución del TEPJF.
Les recordó que la elección fue contada seis veces y todas ellas le han refrendado la ventaja de más de 100 mil votos.
Respecto de las declaraciones del ex candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, sobre una posible anulación, la panista consideró que esas aseveraciones no le hacen daño en realidad a los partidos de la coalición Por Puebla al Frente, ni a la gobernadora electa, sino que el daño se lo hacen a Puebla.
Y lamentó que así se fomente una incertidumbre que termina por alejar a los inversionistas y genera un clima de inseguridad para el estado.
Son las horas previas a la hora final del denominado caso Puebla.