Garganta Profunda
Por: Arturo Luna Silva / @ALunaSilva
En esta semana será la sesión del TEPJF para la decisión final del destino de estado; habrán pasado más de un centenar de días desde la jornada electoral del 1 de julio en un tortuoso proceso.
Entre lo jurídico y lo político se mueve, en una oscilación dudosa, la resolución que emitirá esta semana el TEPJF sobre la elección a gobernador y cuyo proyecto conocen los siete magistrados de la Sala Superior. El recuento de los hechos y los días en los que Puebla ha vivido en la zozobra, con la respiración contenida y un creciente ambiente de disputas políticas, enrarecimiento social e incertidumbre económica, parecen indicar que será una definición que no solamente atenderá los méritos jurídicos, casi todos clarificados a favor de la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, pues hay elementos extrajudiciales que tienen un grave peso. La duda: ¿cuáles importarán más?
Esta semana será la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) para la decisión final del destino de estado.
Habrán pasado más de 150 días desde la jornada electoral del 1 de julio, en un tortuoso y apesadumbrado proceso.
Al final de las etapas de campaña, cita en las urnas, poselectoral e impugnaciones, los dos bandos aseguran que el proyecto viene a su favor.
La confianza sobre sus argumentos depende del cristal con el que cada interlocutor los mira y los oídos con los que escucha.
Lo cierto es que son más deseos que certezas.
En orden cronológico, vale la pena hacer un recuento y también una numeralia que proporcione herramientas para una opinión.
Durante la campaña hubo quejas por violencia de género y propaganda negra contra Alonso Hidalgo.
Se iniciaron por ello ocho procedimientos especiales sancionadores ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) por contenidos en redes sociales, reparto de propaganda y manifestaciones de candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En tres de estos se concedieron medidas cautelares para evitar que se siguiera realizando violencia de género.
También se iniciaron otros dos procedimientos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la difusión de spots en radio y
televisión.
La Sala Especializada del TEPJF concedió también la protección a Alonso y, en este caso, ordenó que fueran retirados esos spots, con una amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Vino el día de la votación.
El 1 de julio, Morena denunció violencia generalizada en el estado.
Sin embargo, esos actos fueron focalizados en pocos lugares.
Sobre el tema, el Consejo local del INE informó oficialmente que los hechos de violencia se detectaron apenas en 67 casillas, del total de siete mil 548.
El porcentaje que representa es de 0.88%, cantidad que “no es significativa” para los resultados de la elección, concluyó el INE.
En los comicios poblanos, se registró una participación histórica de 68.36%.
Llegó el momento, luego, de la etapa poselectoral.
En esta, el caso más grave de violencia, pero generado por el lopezobradorismo poblano, lo configuraron los hechos en el hotel MM.
Con la versión de que ahí había un laboratorio electoral, candidatos y simpatizantes de Morena vandalizaron lo que era el centro de acopio de las actas de la coalición Por Puebla al Frente.
Así lo concluyó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Fueron interpuestas varias denuncias por la violencia atribuible a Morena y están todavía en
proceso.
En esta etapa, sobre la fiscalización, los lopezobradoristas presentaron cinco quejas por un supuesto rebase de topes de campaña.
El INE resolvió, en su acuerdo INE/CG1166/2018, que no existió y así echó abajo una de las principales causales que presentaron Morena y el ex candidato Luis Miguel Barbosa Huerta para la anulación.
Llegó el tiempo a las impugnaciones.
Hubo tres recursos de inconformidad contra del cómputo final y 45 impugnaciones contra los cómputos distritales.
Todos sobre la elección a la
gubernatura.
Además de un recuento parcial, que realizó el IEE con la presencia de representantes de todos los partidos y alianzas, luego el TEPJF efectuó uno de toda la elección.
Hubo un inédito voto por voto, casilla por casilla, que volvió a dar el triunfo con más de tres puntos a Martha Erika Alonso.
En la revisión de los recursos, el argumento de la inequidad en medios de comunicación tampoco fue validada al comprobar el INE que se respetaron las reglas.
Los supuestos actos anticipados de campaña también fueron desestimados por las autoridades.
La coalición Juntos Haremos Historia argumentó entonces que se rompió la cadena de custodia de los votos emitidos durante la jornada electoral y de esta hipótesis hizo su bandera más fuerte de impugnación.
Recientemente, las dos partes, en distintos momentos, acudieron al TEPJF a una audiencia de alegatos.
Primero fue Martha Erika Alonso, el 12 de noviembre, y luego Barbosa, el 21 del mismo mes, cuando también la panista regresó en su derecho, pues en la primera cita no se reunió con todos los magistrados.
En paralelo a todo lo estrictamente jurídico, por supuesto han estado las declaraciones.
El casi presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, las ha emitido en apoyo al ex senador ex perredista, al reconocerlo como “gobernador electo”.
Ha tenido el rechazo de la oposición que ha señalado sus dichos como “imprudentes”.
Del lado del PAN y sus aliados, la versión oficial es que “estamos tranquilos” y “respetaremos la resolución”.
El sábado, Luis Miguel Barbosa sugirió la posibilidad de que los magistrados se corrompan, aunque también utilizó la palabra “tranquilos” para describir el estado de ánimo de él y su equipo.
Y tranquila es lo que menos ha estado Puebla, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico.
El hálito contenido se vive en la cotidianidad.
Sin embargo, ha llegado la semana definitiva.
Los poblanos han –hemos– contenido la respiración durante bastantes días, en espera del desenlace final: ratificación o anulación.
La moneda está en el aire.