Por: Osvaldo Valencia
Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernadora electa de Puebla, acusó la presión de la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, sobre el magistrado José Luis Vargas Valdez para proponer la nulidad de la elección.
En conferencia de prensa, junto con liderazgos de Movimiento Ciudadano, la mandataria electa señaló como poco entendible la reunión secreta que sostuvieron Sánchez Cordero y Vargas Valdez en Cancún, previo a que el magistrado hiciera público el proyecto de resolución que llevará al pleno de la Sala Superior.
“Ahora que estuvo en Cancún el magistrado Vargas (Valdez) algún medio de comunicación lo cuestionó acerca de si tenía presión de gobierno federal en relación a la resolución, él contestó que no pero admitió que se había reunido con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, reunión que desconocemos de que se trató, reunión que sabemos que se llevó a cabo antes de que él presentara su proyecto”, expresó.
Alonso Hidalgo manifestó como poco entendible el cambio de criterio del magistrado José Luis Vargas, quien en 2017 consideraba que “para que haya anulación de un proceso electoral debe acreditarse la existencia de factores graves, dolosos y determinantes que supongan que la voluntad popular fue alterada”, lo que en su proyecto de resolución no considera.
“Me pregunto, ¿a qué se debe la extraña variación de criterios en el ejercicio del citado magistrado? (…) Si bien en su momento el magistrado Vargas reconocía la irresponsabilidad y riesgo de desgaste del sistema electoral mexicano de ventilar la posibilidad de nulidad no entendemos por qué ahora se aventura a publicar en un acto claramente ilegal, un proyecto de resolución que otorga más valor a un supuesto indebido resguardo de la bodega electoral que a las pruebas aportadas por las partes y al ejercicio del recuento voto por voto, casilla por casilla”, puntualizó.
Por su parte, el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exigió al magistrado y a la funcionaria federal hacer pública la razón y lo discutido en la reunión privada, en la misma línea de transparencia de Vargas Valdez.
Enfatizó que el gobierno federal sí presiona a los magistrados desde el Senado de la República con la intención de reducir sus salarios y acortar el periodo que estarán al frente de sus cargos.
El legislador apuntó que este sería un intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para comprar al Poder Judicial de la Federación al arrebatarle el triunfo a la única gobernadora que ganó el pasado 1 de julio.