La Quinta Columna
Por: Mario Alberto Mejía / @QuintaMam
El caso de la elección poblana parece una obra de teatro del absurdo escrita por un esquizofrénico.
La noche del 1 de julio, Miguel Barbosa salió a celebrar un triunfo ocurrido sólo en las encuestas a modo que pagó.
Al día siguiente, cuando el encuestólogo mayor de Televisa dijo que la ganadora era Martha Erika Alonso, Barbosa salió a gritar que había habido fraude.
El martes 3 de julio, Barbosa y sus empleados (Biestro, José Juan, el Porno Diputado, Nancy, Jack el Destripador y otros) hallaron una supuesta mapachera electoral en el Hotel MM.
Hubo golpes, patadas, gritos, amenazas.
Todo esto fue transmitido por su brazo periodístico formado por porristas, aplaudidores y cómicos ligados a las secciones “Huarachito Venceremos” y “Payasito Venceremos” de la prensa poblana.
Los resultados de los cómputos distritales en todo el estado arrojaron el triunfo de Martha Erika Alonso, por lo que el domingo 8 de julio le fue entregada la constancia que la acreditaba gobernadora electa.
A la par de esto, Barbosa y sus empleados (“Payasito Venceremos”, “Huarachito Venceremos” y los legisladores electos) organizaron protestas en las calles, en la prensa y en las redes sociales.
El clamor de que en Puebla había habido un fraude electoral llevó a López Obrador, ya como virtual presidente electo, a declarar “gobernador legítimo” a Miguel Barbosa.
(Payasito y Huarachito celebraron como Dios manda. También Jack y el Porno Diputado).
Todos estos meses hemos leído sesudos análisis sobre el “fraude electoral”.
Una y otra vez.
Lo curioso es que el domingo pasado, cuando el magistrado ponente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer su proyecto de sentencia a través de un tuit, las cosas cambiaron brutalmente.
Uno: por su propuesta de anular la elección.
Dos: por desechar todas las impugnaciones relacionadas con un fraude.
Tres: por basarse en un concepto que —como bien lo escribió Arturo Rueda— proviene del Derecho Penal y no del Derecho Electoral.
En pocas palabras, el magistrado —José Luis Vargas Valdez— desechó el multicitado fraude electoral y redujo su petición de nulidad a un tema de procedimiento.
En “Esperando a Godot”, de Beckett, dos personajes pasan mucho tiempo en espera, precisamente, de Godot.
Un Niño les dice una y otra vez que está por llegar.
Pero no llega.
Nunca llega.
Pasó lo mismo con el mentadísimo fraude electoral.
Llegó el proyecto de nulidad, pero sin el fraude bajo el brazo.
Todas las impugnaciones relacionadas con la alteración de actas y relleno de urnas (urnas embarazadas, urnas sodomizadas, urnas eclécticas, votos invisibles, votos comprados, votos rentados) fueron desechadas por improcedentes en el proyecto de sentencia tuiteado el domingo pasado.
Incluso la supuesta mapachera quedó en eso: en supuesta.
Y ya sabemos que lo supuesto es, según la Real Academia de la Lengua, “suposición o hipótesis”.
Arturo Rueda, en su columna Tiempos del Nigromante, le saca brillo a sus títulos de abogado:
“Para el magistrado Vargas no hubo problemas en la organización de la elección, ni en la jornada electoral, ni en el conteo de los votos por los ciudadanos en presencia de los representantes de los partidos, ni en el traslado de la paquetería, ni el cómputo distrital, ni en el traslado a la bodega central del IEE.
“Es decir, en todos los momentos determinantes en los que se expresó la voluntad popular no hubo problema. El problema vino después con la mentada cadena de custodia, concepto que (…) proviene del derecho penal, no electoral.
“He ahí el otro fondo del asunto: en ninguna ley se establece cómo se deben resguardar los paquetes electorales, ni las características de la bodega, ni la obligación de llamar a los partidos políticos cada que se abre, y mucho menos, la necesidad de videograbar segundo a segundo lo que ocurre dentro de esa bodega.
“No aparece en ninguna ley, sino en el Reglamento de Elecciones del INE, es decir, en una norma que no es general ni obligatoria, sino una convención que aplica para los integrantes del sistema electoral”.
Perdón por la larga pero necesaria cita.
La cadena de custodia, en efecto, sirve para ver si el cadáver no se movió de su lugar o si el arma homicida sigue disparando tiros en otros lados.
Si uno arrastra un cadáver lleno de sangre —eso lo sabe un niño de seis años—, dejará una inevitable huella en el piso: la huella del arrastre.
El magistrado ponente, curiosamente, no aporta pruebas en su proyecto de sentencia de que el cadáver poblano haya sido movido.
Lo único que aporta es incertidumbre.
La cadena de custodia de su razonamiento jurídico ha sido indudablemente rota, por lo que carece de certeza.
Es decir:
El magistrado buscó el fraude por toda la casa.
Hurgó en las tuberías, en la cisterna, en los tinacos.
No encontró nada.
Entonces recurrió a las suposiciones y a las hipótesis para justificar su trama.
Lo único claro en todo esto es lo que refiere el columnista Carlos Ramírez en su más reciente entrega.
Vea el hipócrita lector:
“La filtración de la propuesta de dictamen del magistrado José Luis Vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su cuenta de Twitter contaminó el proceso legal y tuvo una mala intención por la visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Tribunal.
“Si la hoy flamante funcionaria política del régimen en turno Sánchez Cordero fuera coherente, entonces tendría que reconocer que su visita al Tribunal fue un acto de presión institucional que interrumpió el debido proceso electoral y por tanto la resolución del magistrado Vargas debiera quedar sin efecto por ser lo que en derecho se conoce como ‘fruta de un árbol envenenado’.”
En esta trama tampoco llegó Godot.
Llegó, sí, la secretaria de Gobernación a ordenar, por indicaciones de su jefe —el Señor Presidente de la República—, que el cadáver poblano sea anulado.