Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, es, sin duda, uno de los mejores funcionarios públicos con que cuenta la actual administración.
A diferencia de otros, que no se atreven a dar la cara y que incluso sacan la vuelta a los legisladores –como sucedió con la vergonzosa cancelación de la comparecencia que estaba programada para ayer–, Nieto Castillo ha sabido comunicar con claridad lo que le ha tocado hacer para enfrentar el robo de gasolina.
Tendrá que dar resultados, desde luego –a todos se nos mide así–, pero el extitular de la Fepade va por buen camino. Sabedor de que tiene que respetar el debido proceso en sus investigaciones, Castillo ha hecho su trabajo sin atropellar la presunción de inocencia, pero también sin dejar de informar.
Eso se agradece porque, en estos últimos días, el desabasto de combustible sólo ha sido superado por el de información. La solicitud de guiar esta discusión pública con datos duros se ha topado muchas veces con vacíos y contradicciones, lo cual da lugar a la especulación –todos los vacíos se llenan eventualmente con algo– y eso no es conveniente para el interés público.
En función de ello, me sigo preguntando si era realmente necesario dejar a medio país sin gasolina –con las obvias consecuencias que dicha medida tiene– a fin de atacar un problema grave como el huachicoleo.
Cuando agencias de seguridad de otros países han desarticulado a organizaciones mafiosas, generalmente las toma con las manos en la masa, es decir, en plena operación.
Tengo la impresión de que sería más fácil sorprender a los huachicoleros mientras extraen la gasolina de los ductos y la venden, que cuando no tienen producto para su negocio ilícito.
En una de esas, no tengo razón. Pero como los funcionarios que podrían contradecirme andan demasiado ocupados como para atender a los medios y al Congreso, seguiré pensando lo mismo.
El trabajo que ha hecho Santiago Nieto se puede efectuar con ductos abiertos o cerrados. Es decir, no hacía falta privar de gasolina a millones de mexicanos para que las investigaciones de la UIF tuviesen éxito.
La mejor forma en que éste y otros delitos cometidos por el crimen organizado dejarán de tener la relevancia que tienen es si se ahorcan sus finanzas.
Cerrar los ductos no tiene mucho sentido para llegar a la meta. Me atengo a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en días recientes: en cuanto abren los ductos, los huachicoleros vuelven a picarlos. Pues sí.
Eso es difícil de evitar, incluso poniendo un soldado o un marino cada cien metros de ducto. El negocio se acabará cuando comience a ir gente a la cárcel, cuando se vea que el Estado mexicano va a aplicar la ley, tanto a los grandes lavadores del dinero sucio como a quienes recogen gasolina con cubetas.
Por cierto, ¿qué esperan para ir por quienes aparecen en los videos del sábado en Acambay? Mientras no se acabe la impunidad, los criminales seguirán haciendo de las suyas. Incluso con ductos cerrados, júrelo usted, no se van a quedar cruzados de brazos. Si no hay gasolina que robar, se dedicarán a otra cosa: extorsión, asalto al transporte público, secuestro… cualquier cosa que no sea trabajar en algo legal y ganarse limpiamente la vida.
Buscapiés
El presidente López Obrador sigue convencido de que su ejemplo es suficiente para que la gente deje de delinquir. Ayer anunció que hará una gira por los lugares que recorre el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco a lo largo de más de 300 kilómetros.
Su objetivo es razonar con la gente para que ya no ordeñe la tubería de Petróleos Mexicanos y, a cambio, acepte el dinero de los programas sociales que su gobierno ha puesto en marcha.
Se trata de municipios como Cazones, Tihuatlán, Poza Rica y Coatzintla, en Veracruz; Venustiano Carranza, Jalpan, Xicotepec, Huauchinango, Ahuazotepec y Zacatlán, en Puebla; Cuautepec, Tepeapulco y Tlanalapa, en Hidalgo, y Axapusco, Otumba, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Acolman, Ecatepec y Tlalnepantla, Estado de México.
Ejemplos recientes de actos ilícitos cometidos por grupos de pobladores de Acambay, Estado de México, donde decenas de personas acudieron con cubetas a recoger la gasolina derramada por una toma clandestina del ducto Tula-Toluca; José Azueta, donde robaron y mataron ganado de un camión accidentado; y Tula, donde golpearon a militares que iban persiguiendo a presuntos huachicoleros, muestran la dificultad de materializar el exhorto presidencial de que la gente “se porte bien”.
Incluso en lugares como esos, donde AMLO ganó ampliamente los comicios de julio pasado.
El único freno a los actos ilícitos es que quienes están dispuestos a cometerlos sepan que tienen posibilidades reales de ser sancionados.