Por: Mario Galeana
En los últimos seis años, el gobierno de Puebla se convirtió en la segunda autoridad estatal del país que más recomendaciones recibió por violaciones graves a los derechos humanos.
La administración estatal comparte este sitio con sus homólogos de Guerrero, Tamaulipas y Estado de México, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Entre 2012 y 2018, las autoridades de los cuatro estados recibieron tres recomendaciones por casos graves de violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, el gobierno de Michoacán encabeza la lista con cuatro recomendaciones.
Dos de las tres recomendaciones que la CNDH presentó al gobierno de Puebla fueron emitidas el año pasado.
La primera está relacionada con dos ejecuciones extrajudiciales que el Ejército mexicano cometió contra de pobladores de Palmarito Tochapan durante un operativo contra bandas dedicadas al robo de combustible realizado el 3 de mayo de 2017.
“La CNDH solicitó a la PGR copias de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de los delitos cometidos durante los enfrentamientos armados (...) no obstante, dicha autoridad se negó a proporcionar las constancias que obran en diversas indagatorias relacionadas con los hechos (...) además de una obstrucción al derecho al acceso a la justicia en agravio de las víctimas, de sus familiares, y de la sociedad”, manifestó la CNDH en su informe anual de actividades 2018.
La segunda se debe a siete casos en los que la Policía Municipal de Tepeaca cometió actos de tortura, y en los que intervino el Ministerio Público para que las lesiones no quedaran registraran en los dictámenes médicos de las personas.
“En la violación del derecho al acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia, se incluye el que agentes del Ministerio Público Federal no dieran fe de la integridad física adecuadamente, no certificaran lesiones, omitieran iniciar averiguación previa ante la denuncia de tortura y no recibieran denuncia ni llevaran a cabo la puesta a disposición para el inicio del término constitucional. Estas omisiones, aunque no fueron consideradas graves, trascienden a la afectación al derecho a la verdad”, recalcó el organismo.
La tercera recomendación emitida por el órgano nacional se refiere al homicidio culposo de José Luis Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida después de que recibiera un impacto en la cabeza durante un enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, ocurrido en 2014.
