Plumas Ibero
Por: Ariel Rodolfo Alcántara Eguren
Hacer valer los derechos de la biosfera y sus componentes requiere de cumplir un “no dañar para no dañarse”.
Justicia ecológica implica la cabal relación hombre-biosfera, donde consecuentemente, la biosfera es sujeto de derechos por los cuales se mantiene íntegra estructural y funcionalmente.
¿Es necesario dotar de derechos a la biosfera? La vida en la tierra debe ser reconocida con una identidad jurídica inalienable, pues se le considera una entidad susceptible de abuso e indefensión. El paso decisivo es reconocer derechos a la biosfera. La república del Ecuador es pionera en ello.
La biosfera y sus componentes, a todo nivel, requieren desarrollarse sin interferencia que le vulnere. La vida sobre la tierra constituye un sine qua non para la existencia de la humanidad. La justicia ecológica es a la biosfera lo que la justicia ambiental es para los individuos de toda sociedad. Esto es: el respeto al trato digno y la procuración de su mejor su condición como un derecho.
Justicia ambiental y justicia ecológica son dos caras de una misma moneda. Una sin la otra no se entiende. Cuando se deforesta una región, cuando se desertifica una nación, se incumple el principio de justicia ecológica de “no dañar, para no dañarse”. Los sistemas interdependientes, como resultan ser la humanidad y la biosfera se afectan recíprocamente e inexorablemente.
Por ejemplo, la pérdida de cobertura vegetal de zonas clave, como son las áreas de recarga en las cuencas hidrológicas, se asocia a la capacidad de un hábitat para proporcionar servicios ambientales tal como como la disponibilidad de agua. Un recurso de primera necesidad para toda población humana.
Los recursos hídricos en un país soportan la seguridad hídrica, sólo posible con el ejercicio de una justicia ecológica. Los derechos de la biósfera están intrínsecamente ligados a la funcionalidad de los servicios ambientales.
El concepto de “la tragedia de los comunes” se encuentra en el corazón de la indiferencia destructiva de empresas y sectores displicentes con la justicia ecológica. La concepción de “bien común” deriva en la indefensión del recurso resultando en abuso, saqueo y destrucción.
El agua, el aire, la fertilidad del suelo y el valor paisajístico entre otros son considerados “gratuitos”. No se les reconoce un dueño, consecuentemente no existe quien se manifieste en contra del abuso cometido contra ellos, o su enajenación. En eso consiste la tragedia de los comunes y resulta de dar la espalda a la justicia ecológica, argumentado la gratuidad bajo el principio de “primero en llegar, primero en usar”.
En los tiempos que vivimos, del imperio del mercado, se estila dar recompensa por lo que debiera ser obligatorio; el actuar con justicia ecológica. El pago por servicios ambientales es el estímulo comercial para ser justo ecológicamente.
La justicia ecológica es ignorada globalmente. La biosfera se encuentra en múltiples frentes amenazada. El profesor Johan Rockström propone nueve ejes sobre los cuales examinar el nivel de la alteración ejercido sobre la biósfera y el planeta.
La acidificación de los mares, la eutrificación en cuerpos de agua debida a vertidos de fosforo y nitrógeno; la tasa creciente en la extinción de especies; la deforestación; la ingente emisión de CO2; el enrarecimiento del ozono en la atmosfera; la reducción del agua renovable; el surgimiento extensivo de especies invasoras, la reducción en la diversidad biológica, y la alteración del stock genómico natural presente en el planeta.
La justicia ecológica, (los derechos de la biosfera) de cumplimentarse, mantendría viable al planeta para sustentar las demandas de la civilización humana, a todas luces exorbitantes, particularmente en el estrecho margen de maniobra propia del siglo XXI. México ofrece un escenario, muy preocupante. Por ejemplo, en el cambio de uso de suelo (deforestación) paralela a la pérdida de la biodiversidad.
México ocupa el quinto lugar mundial en deforestación, siendo además el primer lugar del mundo por especies en peligro de extinción y el primero en América Latina por especies amenazadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la destrucción ambiental del país equivale a 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
La tragedia de los comunes y los límites sobrepasados de seguridad de la biosfera son originados por la falta de justicia ecológica. El cambio climático local, expresado en la sequía prolongada o súbitas inundaciones, refleja la alteración drástica del ciclo hidrológico regional, manifestándose en eventos extremos cada vez más frecuentes.
La pobreza asociada al desplome de la capacidad productiva agrícola, y consecuentemente el abandono en los municipios por expulsión forzada, origina (asociada a la violencia) la emigración interna, presionando las ya sobrepobladas urbes del país, y externa hacia Estados Unidos de Norteamérica.
Sin justicia ecológica se ensancha la vehemencia antropocéntrica, la ceguera que hoy nos pone en el umbral de la auto aniquilación. Justicia ambiental sin justicia ecológica resulta deletreo, autodestructivo. Corregir el discurso no basta sin las acciones que contengan al final el fin supervivencia planetaria.
En el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana Puebla, Xavier Gorostiaga S.J., realizamos estudios donde la justicia ecológica es un rubro significativo.
Las lluvias inusuales, tanto en cantidad como por temporada, son consecuencia de la alteración en la biosfera. Las sequías son parte del cambio climático.
