Fue condenado a 16 años y seis meses por el juez Tercero de lo penal del proceso 374/2015, además le negaron el beneficio de la pena privativa de la libertad.
Por: Guadalupe Juárez
El caso de Paulina Camargo Limón dio un giro de nueva cuenta y a más de tres años de su desaparición, José María Sosa Álvarez fue sentenciado por 16 años y seis meses por homicidio simple calificado y aborto.
La defensa legal de Sosa Álvarez anunció que apelará la decisión del juez y para evitar que permanezca en prisión, amagó con una serie de recursos legales para todas las demás acusaciones en contra de su defendido, entre éstas el de desaparición que enfrenta bajo el sistema de justicia penal acusatorio.
“Los vamos a presionar con amparos”, dijo el abogado Gerardo García Pérez a 24 Horas Puebla, quien dijo que el proceso para revertir la sentencia tardará por lo menos tres meses más.
A la pena que le fue dictada se le restará el tiempo que ha permanecido en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, el cual también rebasa los tres años.
Según el documento girado por el juez Tercero de lo penal del proceso 374/2015, Francisco Martínez Castillo, le negaron a Sosa Álvarez el beneficio de la conmutación de la pena privativa de la libertad a cambio de una garantía económica.
De igual forma, el sentenciado está obligado a la reparación del daño moral, material y la indemnización de orden económico a los afectados, la suma que tendrá que cubrir todavía no ha sido fijada.
Hasta el cierre de esta edición, los familiares de Camargo Limón no emitieron ninguna opinión al respecto y se limitaron a publicar un mensaje a través de sus redes sociales en donde agradecieron el apoyo mostrado.
“Gracias por su apoyo comunidad de Justicia para Paulina, esta odisea continúa, seguiremos pidiendo justicia y esperamos que el segundo juicio interpuesto tenga el mismo resultado. ¡Ya no queremos más asesinos en las calles!”, publicaron en una página en Facebook, creada desde la desaparición de la joven.
¿DÓNDE ESTÁ PAULINA?
Paulina desapareció el 25 de agosto de 2015 después de reunirse con su ex novio y padre del bebé que esperaba, según la línea de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sosa Álvarez confesó haberla asesinado en su departamento y deshacerse del cuerpo en un contenedor de basura.
Esto obligó a las autoridades y a sus familiares a realizar una búsqueda exhaustiva en el relleno sanitario de la ciudad, sin éxito.
Meses después, la defensa argumentó violaciones al proceso y a sus derechos al señalar que la confesión fue obtenida bajo tortura, no obstante ha permanecido en prisión desde esa fecha.
Sin embargo, a más de tres años sigue sin hallarse el cadáver de la joven y durante este tiempo la FGE ha tenido que acusarlo de otros delitos, al desecharles en diversas ocasiones pruebas de que Sosa Álvarez haya sido responsable de su muerte.
En tanto, la familia Camargo Limón ha mantenido la búsqueda de su cuerpo, inclusive en los servicios médicos forenses de otras entidades.
El caso alcanzó un nivel mediático a nivel nacional e inclusive la Legislatura LIX aprobó la llamada Ley Paulina Camargo, con la cual pueden encarcelar a sujetos vinculados a homicidios, a pesar de que el cadáver de la víctima no haya sido encontrado.