Expertas en violencia de género propusieron controles más estrictos, mejorar los indicadores que evalúan el impacto de los programas, así como sanciones a funcionarios estatales que no cumplan.
Por: Ilse Contreras
Controles más estrictos, mejorar los indicadores que evalúan el impacto de los programas, así como sanciones a funcionarios que no cumplan con lo que les corresponde, son parte de las estrategias para que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) funcione en Puebla.
En entrevista con 24 Horas Puebla, Natalí Hernández Arias, del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros del municipio de Puebla, indicó que si bien la alerta por sí misma no va a erradicar el problema podría “sacudir” la dinámica con la que está ocurriendo el feminicidio.
Apuntó que en muchos casos, como el del Estado de México que ocupa el primer lugar en este delito no ha funcionado porque las instituciones involucradas en hacer operativa la AVGM no cuentan con gente experta, siguen manteniéndolos aunque no resuelven el problema y las cifras siguen en aumento.
“Es decir, los funcionarios que están dando los talleres no sensibilizan, la institución que le tocaba hacer la campaña la hizo, pero fue de nulo impacto; muchas veces las recomendaciones se cumplen de manera poco profesional y eso abona a que no funcione”, detalló Hernández Arias.
En tanto, Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del programa Igualdad y Justicia en el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), agregó que es necesario mejorar los indicadores, a fin de evaluar el impacto de las acciones o programas que se implementaron como parte de las recomendaciones que se han atendido desde 2016.
“No hay ningún indicador de impacto que diga cuántas mujeres llegaron al Ministerio Público a denunciar porque vieron la campaña en radio o televisión, o han dado seguimiento a estas órdenes de protección o resguardaron a tantas mujeres en tantos albergues”, indicó.
Señaló que durante los dos años de trabajo las autoridades se han centrado en capacitaciones y acciones de sensibilización que no se ven reflejadas en la atención a las mujeres, por lo que es buen momento de observar responsabilidades de funcionarios que no las cumplan.
En ese sentido, coincidieron en que se deberían implementar sanciones administrativas para los representantes de las instituciones involucradas o los miembros del grupo de trabajo, pues los procesos, además de ser dilatorios, si no se cumplen no tienen consecuencias.
“Por ejemplo, una vez que se emiten recomendaciones, el gobierno tiene que elaborar un documento de que las acepta y para eso puede pasar un mes, entonces, a partir de ahí corren los seis meses para su cumplimiento; en Puebla y en otros casos se han extendido a siete u ocho meses, incluso un año, y no pasa nada”, dijo Natalí Hernández.
Mariel Guzmán resaltó que el gobierno no puede implementar las acciones y a la vez evaluarse, por lo que hay la necesidad de contratar a evaluadores externos, con el fin de dar certeza y transparencia en las decisiones y los currículos de la gente que se designa.
Además, coincidieron en que debe haber un ajuste y control en el presupuesto, pues además de que no es suficiente el que se tiene está destinado a papelería y propaganda que cae en la simulación.
“Lo que no permite operar la Alerta son estos grandes escenarios, monitos color naranja, rosa, violeta, pero que no implican un trabajo de fondo: atenderla desde la política pública, más allá de acciones de visibilidad”, apuntó.
En caso de activarse, la integrante de Odesyr apuntó que se debe declarar por feminicidios, violencia sexual y desaparición, pues las acciones sólo se enfocan en trata de personas, que es un espectro de estas dos últimas, pero omiten que las mujeres y las niñas viven violencia sexual en sus familias; eso incluye hablar de aborto y de su derecho a decidir sobre su cuerpo.
“Para el grupo de expertos, la violencia sexual únicamente es la trata, no en los espacios públicos, cuando caminan en la calle; aquí (en la entidad), a las niñas no las violan sus papás, sus tíos, no hay mujeres pariendo obligadas, eso no existe”, dijo.
PIDEN NO POLITIZAR AVGM
Las expertas en violencia de género exigieron al gobierno estatal que el tema no se tome como “una bandera política”, pues señalaron que la Alerta no tiene que ver con un cabildeo, sino con una situación de emergencia por la violencia que viven las mujeres en el estado.
En su caso, comentaron que debería aclararse si se emitirá por decreto, pues por ahora es un mecanismo regulado por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y hay un proceso para emitirla.
“Es importante que haya voluntad política para reconocer que la violencia feminicida es un problema grave en México, particularmente en Puebla, pero que no quede en banderas y en discursos superficiales, sino que realmente se implementen acciones”, comentaron.
Finalmente, pidieron al gobernador Guillermo Pacheco Pulido no delegar responsabilidades al próximo gobierno, plantear acciones rápidas, medibles y evaluables tanto en el proceso como en el impacto, así como evitar la simulación.
“Que el estado se tome enserio que es un problema que es urgente atender y no minimizarlo, como se ha hecho durante muchos años”, señalaron las activistas.
En lo que va de 2019, el Odesyr ha contabilizado 11 casos de feminicidio, en la mayoría de los casos las mujeres no fueron reconocidas, fueron heridas con arma blanca, de fuego o ambas, y sus cuerpos fueron arrojados a la vía pública.
