Tomaron como ejemplo lo sucedido con la periodista y escritora, pues a pesar de que hay una sentencia contra un policía, consideran que la pena dictada no es “adecuada” a la gravedad de los hechos.
Por: Guadalupe Juárez
La organización Artículo 19 condenó que en el caso Lydia Cacho Ribeiro sigan sin recibir castigo los autores intelectuales de la tortura que sufrió la periodista durante el gobierno de Mario Marín Torres.
Lo anterior, como parte del informe Protocolo de la Impunidad en Delitos contra los Periodistas, presentado el lunes.
En este, toman como ejemplo lo sucedido con la autora de Los demonios del Edén, pues a pesar de que hay una sentencia por tortura contra un policía, consideran que la pena dictada por un juez no es “adecuada” a la gravedad de los hechos.
Asimismo, recriminan que no se involucre hasta ahora a ninguno de los autores intelectuales y que las investigaciones fueran retomadas hasta que organismos internacionales de derechos humanos intervinieron.
“Nos queda claro que, situaciones similares de justicia incompleta y falta de esclarecimiento cabal de los hechos, pueden presentarse en los casos reportados con sentencia condenatoria por parte de la FEADLE”, reiteraron.
En el documento exponen que, de 2010 a diciembre de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 140 investigaciones, de las cuales sólo 16.3% fueron consignadas o judicializadas, según el sistema penal en vigor.
De estas, sólo hay 10 sentencias condenatorias, lo cual apenas significa que 0.87% de todos los casos denunciados hay una sentencia contra algún responsable.
Al igual que con Cacho Ribeiro, de las sentencias, en 60% de estas en los delitos cometidos contra los periodistas estuvo involucrado algún servidor público.
PIDEN A GOBIERNO EVITAR AGRESIONES A MEDIOS
A los gobiernos locales, la organización les pidió garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística, no criminalizar a los medios, aunque sus expresiones sean disidentes, emitir los protocolos necesarios en la actuación de sus elementos de seguridad pública, condenar los actos de impunidad en delitos cometidos contra la prensa o descalificar de manera pública a los periodistas, por mencionar algunos.
En cuanto al Ejecutivo federal, exigieron cumplir con el compromiso adoptado en el acto de disculpa pública a la periodista Cacho Ribeiro, donde señalaron que emitirían medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no le sucedan a otra persona y otra comunicadora del país.
De igual manera, pidieron que vele por la protección de la libertad de expresión, del ejercicio periodístico y del derecho a la información para fomentar la participación ciudadana y “fortalecer la democracia”.