Por: Mario Galeana
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno federal establecer mesas de diálogo y negociación para analizar si hay condiciones para realizar la consulta pública sobre el arranque del Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste en la operación de una termoeléctrica en Yecapixtla, Morelos, y un gasoducto que recorre Tlaxcala y Puebla.
Tras el asesinato del líder comunitario Samir Flores Soberanes, uno de los opositores al inicio del PIM, la CNDH anunció que emitió medidas cautelares a la Secretaría de Energía (Sener), a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al gobierno de Morelos.
A través de un comunicado, el órgano nacional de derechos humanos dijo que el pasado martes 19 recibió a un grupo de representantes de las comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos que se verían afectadas por el inicio del PIM.
En la reunión, los representantes acusaron que, “ante la falta de información integral sobre la operatividad y viabilidad del proyecto, se ha configurado un clima de hostilidad en las comunidades por la existencia de grupos antagónicos o provocadores y, sobre todo, ante los riesgos inminentes que dicha consulta traería, ya que se pretende avalar la implementación del proyecto sobre un área de origen volcánico y de alta sismicidad”.
Los inconformes denunciaron ante la CNDH que no han recibido información sobre el impacto del proyecto, el cual “puede representar riesgos a su integridad, salud, medio ambiente y condiciones de vida”.
La consulta pública anunciada por el gobierno federal se realizará el 23 y 24 de febrero en 15 municipios de Puebla, ocho de Tlaxcala y cuatro de Morelos que se verían afectados con el inicio de operaciones del Gasoducto Morelos.
