Manuel Bartlett señaló que la Federación buscará que se modifiquen los contratos con los emporios y en caso de que estos se nieguen, podrían demandarlos.
Por: Mario Galeana
Aunque el Gasoducto Morelos no ha entrado en operaciones y su construcción aún no termina, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe pagarle a la empresa TransCanada un subsidio por concepto de “cargo fijo” al ser propietaria de la obra, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa de ayer, el mandatario federal afirmó que junto al Gasoducto Morelos hay otros seis proyectos similares que se encuentran detenidos y que, en conjunto, representarán un gasto a mediano plazo de 21 mil millones de dólares para la CFE, lo que ha contribuido al desgaste de las finanzas de la empresa.
“Se firmó el contrato en gobiernos anteriores, se obligó a la CFE a contratar energía a empresas particulares y a pagar, si es que se presentaban problemas, a las empresas particulares como si se estuviese recibiendo el gas. Son contratos leoninos, pues hay que pagarles subsidio por un concepto que se llama cargo fijo, que tiene que ver también con el mantenimiento de las empresas”, informó.
El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, detalló que los emporios Carso, IEnoba y TransCanada son propietarios de los siete gasoductos detenidos en el país. Esta última firma subcontrató a la empresa italiana Bonatti Spa para la construcción de los 160 kilómetros de longitud del Gasoducto Morelos.
Bartlett Díaz indicó que el gobierno federal buscará que se modifiquen los contratos con las empresas y, en caso de que éstas se nieguen a modificar los términos de los convenios firmados con los gobiernos anteriores, se podría demandarlas.
“En los contratos se establece que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, le obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas, pero sin recibirlo”, abundó.
ALERTAN POR RIESGO Y RECHAZAN CONSULTA
Mientras el Presidente insiste en que en el Proyecto Integral Morelos (PIM) se han invertido por lo menos 20 mil millones de pesos provenientes de recursos públicos, organizaciones indígenas y académicas se han negado a aprobar el arranque de la obra, cuyo trazo recorre 15 municipios de Puebla, nueve de Tlaxcala y cuatro de Morelos.
El director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), Aurelio Fernández Fuentes, advirtió que el Presidente no ha considerado que el gasoducto recorre una zona con alta incidencia sísmica y volcánica.
Además, explicó que, desde su aprobación, el gasoducto sufrió modificaciones debido a la reticencia de los pobladores indígenas que se oponen a la obra, por lo que su trazo es más bien “caprichoso”.
A su vez, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) acusó que la consulta pública para definir el futuro del proyecto no será más que una simulación, pues el Presidente “ya hizo pública su postura a favor del proyecto de despojo, pretendiendo que, una vez más, como ocurrió con la consulta para trasladar el Aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía, o con la del Tren Maya, la decisión ya tomada por él reciba la ‘aprobación del pueblo’”.
A través de un comunicado, el CIG —vinculado al EZLN— manifestó que la consulta suplantaría la voluntad de los pueblos indígenas, y la tildó de “racista y clasista porque no toma en cuenta los modos y las formas propias de toma de decisiones de los pueblos indígenas, campesinos y organizaciones populares”.
“Consideramos un grave ataque a los derechos de los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas y de la sociedad civil de toda la región el precedente que dejará esta pseudoconsulta, pues legitima el despojo y la represión en contra de los pueblos que no estén de acuerdo con sus megaproyectos de muerte”, concluyó.
