Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río

En el mensaje que pronunció con motivo de los primeros cien días de su gobierno, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se iniciaría “ningún proyecto de gran escala que no podamos terminar en nuestro mandato”.

Esto significa, precisó, que “lo que hagamos deberá concluirse y funcionar en el sexenio”.

Desde mi punto de vista, esta declaración puede entenderse de diferentes maneras.

Puede querer decir que el actual gobierno no desea heredar al que sigue obras sin terminar, como sucede con el tren rápido México-Toluca, cuyo proyecto fue lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto y que López Obrador se ha comprometido a terminar.

O bien, quizá significa que el actual Presidente quiere llegar a ver la conclusión y puesta en operación de aquellas obras de infraestructura que se concibieron durante su gobierno.

O tal vez que, en ánimo de usar bien los recursos públicos, no quiere que el costo de los proyectos de gran escala se salga de control y acabe comprometiendo muchos más recursos públicos de los que estaban originalmente contemplados, debido a retrasos o al aumento del precio de los insumos.

Una cuarta posibilidad es que se trate de una coartada para no construir algunas obras que ha anunciado desde la campaña electoral, del tipo “como no podríamos terminar y poner en operación la refinería de Dos Bocas antes de concluir el sexenio, hemos decidido no hacerla”, cuando la verdadera razón sería su inviabilidad económica.

Sólo el tiempo arrojará luz sobre el verdadero significado de dicho compromiso.

Lo cierto es que encorsetar la política de infraestructura de un país a la conclusión de un periodo de gobierno resulta muy arriesgado porque podría pasar que no se construya nada.

Si fuera por eso –terminar las obras en el mismo periodo de gobierno en que se inician–, los países con régimen parlamentario nada podrían planear, pues la duración de una Legislatura rara vez es igual que el de otras.

Pero incluso los grandes proyectos emprendidos en sistemas políticos en el que el mandato tiene un periodo predeterminado o incluso vitalicio, frecuentemente son inaugurados o aprovechados por personas distintas a quienes los iniciaron.

¿Se imagina usted que el emperador Qin Shi Huang hubiese dicho, en el año 221 a.C., que no se iniciaría la construcción de la Gran Muralla China a menos de que él la pudiese inaugurar?

Incluso si nos vamos a los tiempos modernos, son numerosas las grandes obras de infraestructura que toman más tiempo que lo originalmente calculado.

La construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México comenzó en 1573, medio siglo después de la caída de Tenochtitlan, y concluyó en 1813, en plena Guerra de Independencia. Dudo que el rey Felipe II haya dicho “háganla, pero termínenla antes de mi muerte”. Por algo le decían El Prudente.

La Casa Blanca, símbolo del máximo poder político a nivel internacional, tardó ocho años en edificarse. El proyecto fue encargado por el presidente George Washington al arquitecto irlandés James Hoban, pero el primero en ocuparla fue su sucesor, John Adams, en 1800. Tres lustros más tarde, tuvo que ser reconstruida, luego de ser quemada por los británicos, y desde entonces ha tenido diversas renovaciones y extensiones.

Fue en 1802 cuando se sugirió por primera vez unir al macizo continental europeo con la Gran Bretaña mediante un túnel por debajo del Canal de la Mancha, pero el llamado Chunnel no se puso en operación sino 192 años después, en mayo de 1994.

Si damos un brinco hasta nuestros días, veremos que Crossrail, una línea ferroviaria rápida que pasará por debajo de Londres, se inaugurará en diciembre próximo, luego de una década en construcción. El mayor proyecto de infraestructura de Europa fue aprobado en octubre de 2007, durante el gobierno del laborista Gordon Brown y está en duda qué primer ministro lo inaugurará, pues el actual entrampamiento político por el Brexit bien podría derivar en una elección general este año.

Es común, pues, que los proyectos de gran envergadura se dilaten. Decidir que sólo se construyan aquellas obras que puedan ser concluidas en determinado plazo del calendario político no toma en cuenta los retos técnicos, económicos y legales que pueden provocar retrasos.

La construcción de obras de infraestructura que involucran recursos públicos debiera decidirse por consenso y guiarse por el interés público, no la forma en que un gobernante quiera ser recordado.