Desde antes, el director del Cupreder Aurelio Fernández indicó que investigadores tenían indicios de que el PIM podría ser alcanzado por gases volcánicos y flujos piroclástico.

Por. Mario Galeana

La actividad reciente del volcán Popocatépetl ha agitado el debate sobre el riesgo que implica la operación del Gasoducto Morelos, cuya construcción se hizo en las faldas del coloso.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua insistió en que, ante las explosiones, la operación del gasoducto alentaría el riesgo en el que se encuentran las comunidades de Cholula que bordean las faldas del Popocatépetl.

“No estamos en contra del progreso, sólo estamos en contra del despojo, la mentira, la muerte que representa el Proyecto Integral Morelos (PIM). La tierra ha hablado y el rotundo no resuena con el eco de los pueblos indígenas que no permitirán ni la termoeléctrica ni el gasoducto”, señaló la organización que reúne a los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se verían afectados con el proyecto.

En febrero, días antes de que el gobierno federal sometiera a consulta popular el inicio de operaciones del Gasoducto Morelos, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Naturales (Cupreder) alertó sobre el peligro que implicaría el proyecto ante la actividad volcánica.

Aurelio Fernández, director del Cupreder, señaló que los investigadores tenían indicios de que el gasoducto podía ser alcanzado por una mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes —conocida como flujos piroclásticos— u otros elementos de grandes dimensiones que son lanzados por el volcán durante una erupción.

“No se ha hecho ni una sola referencia al peligro volcánico y riesgo que conlleva, aunque el Popocatépetl es uno de los cinco volcanes más explosivos del mundo y el que más habitantes tiene a su alrededor; tanto el gasoducto como la termoeléctrica se asentaron en zonas de peligro eruptivo: una erupción de mediana intensidad puede afectar estas instalaciones”, advirtió a principios de febrero.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) alertó sobre el riesgo del volcán desde el 5 de septiembre de 2011, cuando inició la construcción del gasoducto que tiene una longitud de 160 kilómetros y recorre 15 municipios de Puebla, nueve de Tlaxcala y cuatro de Morelos.

El Cenapred envió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) una carta en la que señaló que el peligro del trazo de la obra era significativo por “la amenaza de flujos piroclásticos, lava, caída de materiales volcánicos y en el flanco sur del volcán de derrumbes gigantes y, en cuanto a flujos de lodos este fenómeno puede ocurrir independientemente de la existencia de actividad volcánica”.

La nota técnica fue incluida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 03/2018, en donde advirtió que los derechos de las comunidades indígenas que fueron afectadas por la obra habían sido violados.

Pese a ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó una consulta a finales de febrero en donde el “Sí” al arranque de operaciones del Gasoducto ganó con el 59% de los votos.