Disiento
Por Pedro Gutirérrez / @pedropanista
México ha ido evolucionando aceleradamente su transición política al menos desde la década de los 90. Desde 1917, cuando el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza expidió la Constitución vigente, nuestro país se desenvolvió al amparo de un régimen autoritario y bajo el dominio de un partido dominante y hegemónico, léase: el PRI.
La transición política comenzó a labrarse a partir de acontecimientos aislados pero relevantes: las huelgas de los médicos, los ferrocarrileros y, sobre todo, las manifestaciones estudiantiles que de a poco se fueron extendiendo en el país. El punto culminante de estos movimientos fue el acontecimiento preolímpico del 2 de octubre de 1968, cuando las armas de la política fueron rebasadas por la política de las armas para reprimir a decenas, centenas y –según algunos– hasta miles de jóvenes universitarios. La coyuntura de 1968 –que incluso el propio presidente Díaz Ordaz aceptaría como responsabilidad política y moral suya– sembró el germen de una sociedad que se comenzaría a liberar. Las transiciones políticas –dicen los teóricos de la transición– pasan por dos etapas diáfanas: la liberalización de las sociedades y la democratización de sus instituciones. Con los movimientos estudiantiles de 1968, el régimen inició su liberalización. Muchos acontecimientos posteriores como las crisis económicas, los procesos de nacionalización y estatización, las devaluaciones, la explosión demográfica y el incremento de la competencia electoral en los estados y municipios fortalecieron la liberalización social arrojando una mayor conciencia entre los ciudadanos de nuestro país.
No fue hasta la década de los años 90 cuando nuestra Constitución sufre cambios que van generando paulatinamente el proceso de democratización de la transición política. La reforma al campo mexicano (artículo 27 constitucional), al estatus jurídico de las iglesias (art. 130), la autonomía de los órganos electorales, del Banco de México, de los órganos defensores de los derechos humanos y la independencia del Tribunal Electoral para pasar a formar parte del Poder Judicial de la Federación, fueron consolidando y fortaleciendo las instituciones nacionales. La alternancia en el poder verificada en el año 2000 consolidó nuestra transición política y detonó muchas variables que en el camino los diversos actores han tenido que sortear. Las ulteriores alternacias del PAN (2000-2012) al PRI nuevamente (2012-2018) y ahora hacia Morena con la omnisciente figura de López Obrador, han consolidado la democracia que siempre anhelamos.
La transición jurídica es posterior a la política; de hecho, las transiciones jurídicas se comienzan a verificar en la etapa democratizadora de las transiciones políticas. Y es que la democratización de los regímenes es fundamentalmente un fortalecimiento de las instituciones elementales del Estado, y ese fortalecimiento pasa por un conjunto de cambios jurídico-constitucionales que los actores de la transición deben impulsar.
México está a las puertas de consolidar esta transición jurídica o echar todo por la borda; han existido algunas pinceladas para avanzar positivamente, como la implementación de la reelección legislativa y de los ayuntamientos o el referéndum popular, por poner un par de ejemplos, si bien faltan otros temas como la reelección presidencial. Pero también hay algunas reformas constitucionales que parecen conducirnos a una regresión y que ponen en entredicho la libertad de los ciudadanos, como la creación de la Guardia Nacional con mando militar, o bien la posibilidad de instaurar la revocación de mandato.
Afortunadamente, las reglas del juego que sirvieron para operar un régimen hiperpresidencial durante la mayor parte del siglo XX han sido desplazadas. Por ello, es menester que la transición jurídica acabe por echar sus raíces y coadyuve con la transición política que ha venido consolidándose. La transición jurídica implica adentrarse en las reformas que requiere urgentemente nuestra Ley Fundamental para hacer más efectivo el sistema electoral, insertar los instrumentos que refuercen la cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, incentivar el régimen de rendición de cuentas y la transparencia y, en general, hacer de nuestra democracia una democracia socialmente eficaz.
La mayoría legislativa que tienen Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión puede resultar preligrosa si la tentación autoritaria se impone sobre la representación política genuina. La elección de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un claro ejemplo de lo anterior, pero los tensores del sistema producto de la transición política y jurídica pueden y deben ser más fuertes que cualquier poder meta constitucional.