Por: Mario Galeana

El diputado local Gerardo Islas Maldonado aclaró que su patrimonio 54.4 millones de pesos procede, en un 95%, de donaciones directas realizadas por sus familiares. Con ello, descartó que sus propiedades aumentaran a raíz de su paso como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) durante la administración de José Antonio Gali Fayad.

En conferencia de prensa realizada ayer, el coordinador del grupo legislativo de Nueva Alianza acusó a la Contraloría del Congreso del estado de haber publicado su declaración patrimonial incompleta, “rasurada”.

Algunas de las propiedades que la dependencia publicó bajo fechas imprecisas, aseveró, fueron adquiridas por su familia desde los años 70.

“La declaración entregada a la Contraloría consta de 20 hojas, pero sólo se publicaron dos. También solicité que mi declaración patrimonial fuera pública. Pero en el portal del Congreso aparece en un formato completamente diferente al entregado a la Contraloría, además de que presenta información incompleta, como el origen y la fecha de los bienes”, acusó.

El legislador local acusó que la omisión de la Contraloría del Congreso provocó perjuicio hacia su persona, puesto que la información publicada en el sitio web fue retomada por medios de comunicación para acusarlo de presuntos actos de corrupción en su paso como secretario estatal.

Islas Maldonado atribuyó las acusaciones en su contra a su reciente adhesión a la campaña de Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura por la alianza Juntos Haremos Historia.

“Veo que, a lo largo de varias semanas, he recibido de varios medios de comunicación ataques a los que he respondido. Creo que eso se debe a que a algunos no les ha pareció mi adhesión a la campaña de Miguel Barbosa (...) El único compromiso que tengo con quien seguramente será el próximo gobernador es cumplirle a la Mixteca poblana, No hay negociaciones ni temas que yo quiera ocultar para apoyarlo”, insistió.

El legislador se dijo dispuesto a cualquier investigación relacionada a su patrimonio, y subrayó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no realizaron ninguna observación a los programas que la Sedeso ejecutó durante su periodo como secretario.