Tras la revelación de la denuncia contra el candidato Enrique Cárdenas Sánchez, 24 Horas Puebla realizó una investigación paralela en la que descubrió nuevas anomalías y acciones ilegales por parte del abanderado común del PAN-PRD-MC en su paso por la dirección general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Por: Mario Alberto Mejía
Entre los años 2008 y 2017, Enrique Cárdenas Sánchez defraudó al fisco por cantidades millonarias, cometió peculado al desviar dinero público a intereses personales, usó tramposamente una asociación civil sin fines de lucro para obtener ganancias ilícitas y pudo haber recurrido a una outsourcing en aras de cobrar dinero black. Entre 2006 y 2017 percibió ingresos por más de 24 millones de pesos, y manejó sin rendir cuentas cerca de 285 millones en efectivo durante 11 años.
A través del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), subsidiado con los donativos en efectivo de las fundaciones Espinosa Rugarcía I B P y ESRU A C, el hoy candidato a la gubernatura de Puebla (por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano), y desde su carácter de director ejecutivo del organismo, diseñó un esquema de defraudación que burló el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
24 Horas Puebla realizó una consulta en fuentes abiertas sobre Cárdenas Sánchez en aras de conocer su ejercicio profesional de interés y dominio público. En el caso del CEEY, el autor del reportaje recurrió al Sistema de Consulta de Información de Transparencia de Donatarias Autorizadas del SAT.
Tras cruzar la información obtenida quedó evidenciado el esquema fraudulento que movió al hoy candidato a pervertir el sentido de las asociaciones civiles sin fines de lucro para obtener ganancias millonarias.
De entrada, se detectaron irregularidades en el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (RLISR) abrogado en 2015, así como lo dispuesto en el RLISR vigente.
¿Qué preceptos legales se transgredieron?
Vea el hipócrita lector:
El primer párrafo del artículo 110 del RLISR abrogado en 2015 y el inciso A del artículo 138 del RLISR vigente establecen que “los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social de las donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias destinar más del 5 % de los donativos y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración”.
Hay que decir que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias vive de las aportaciones de las fundaciones señaladas anteriormente y se le considera “donataria autorizada”. Cárdenas Sánchez fue representante legal y director ejecutivo del CEEY de 2005 a 2017.
Se considera como “donataria autorizada” a una organización civil o fideicomiso que cuenta con autorización por parte del SAT para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta.
El solo salario del hoy candidato del PAN, PRD y MC rebasa en siete años de ejercicio el 5% de los ingresos totales del CEEY. La duda mata: ¿En qué costal metieron gastos administrativos como renta de oficinas, salarios de ejecutivos, y pago de encuestas, secretarias, auxiliares y personal de limpieza?
Un punto llama la atención: durante tres años, Cárdenas no recibió un solo centavo de su millonario salario. Es en esta parte cuando surge la posibilidad de que haya recurrido a un esquema ilegal para cobrar su salario.
¿QUÉ OCURRIÓ?
Durante la gestión de Enrique Cárdenas Sánchez, los gastos administrativos rebasaron el 5% del total de donaciones tan sólo en el concepto “Percepciones del director ejecutivo”, contraviniendo lo establecido en el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 y 2016. Esto demuestra el uso deliberado de las Organizaciones No Gubernamentales para el desvío de recursos en beneficio de fines económicos personales. (Véase cuadro de donaciones al CEEY).
Los años 2011, 2012, 2015 y 2017, Cárdenas Sánchez no percibió ingresos por parte del CEEY. El fantasma del outsourcing parece recorrer las instalaciones del organismo. Y no sólo por las noches.
Quedan evidenciados, pues, los diversos mecanismos y esquemas para evadir el cumplimiento de las obligaciones de la Donatarias Autorizadas por el SAT de acuerdo a la normatividad establecida.
LA DANZA DE LOS NÚMEROS
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias inició sus actividades en 2006 de manera modesta, una vez que tuvo ingresos totales declarados como donaciones por seis millones 517 mil 429 pesos. El salario anual de Cárdenas llegó apenas a los 225 mil 930 pesos. Es decir: el 3% de los gastos administrativos.
En 2007 aumentaron los ingresos del CEEY y también, mínimamente, el salario del director ejecutivo.
Es en 2008 cuando se da la primera defraudación fiscal, una vez que el solo salario de Cárdenas –un millón 948 mil pesos– alcanzó el 19% de los gastos administrativos. Es decir: rebasó en un 14% el porcentaje autorizado el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Una vez hallada la fórmula, las defraudaciones continuaron en 2009 (17%), 2010 (12%), 2013 (13%), 2014 (15%), 2016 (12%) y 2017 (9%).
Misteriosamente -como ya lo habíamos dicho-, los años 2011, 2012 y 2015, Cárdenas Sánchez no recibió su salario de director ejecutivo. No hay constancia pública de que en esos años haya dejado de ser el representante legal y director ejecutivo del CEEY. ¿Cómo se le hace para trabajar en un organismo sin recibir un sueldo? Y no hablamos de uno o dos meses, sino de tres largos años. ¿Qué otro esquema fuera de la ley fue utilizado para pagar su sueldo millonario?
Y es que lo que empezó como un salario modesto en 2006 alcanzó montos de más de 4 millones y medio en 2014 y 2016. El último año de su ejercicio se retiró ganando más de 4 millones.
En su mejor momento percibió 350 mil pesos mensuales.
Nada mal para el representante legal de una Donataria Autorizada que vive de aportaciones voluntarias. Y como esos recursos son autorizados por el SAT como donaciones se convierten en dinero público, lo que incorpora otra figura delictiva en esta trama: el peculado.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define peculado como “delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración”.
Cárdenas administraba las donaciones de una asociación civil sin fines de lucro, pero lucró abiertamente con dinero público. Moraleja: Cárdenas hurtó “caudales del erario”.
¿Dónde quedó el candidato probo, honesto, transparente?
En el bote de la basura más abyecta y hedionda.
MEJOR SALARIO QUE LOS DE PEÑA Y AMLO
El candidato de la honestidad no se anduvo con rodeos y obtuvo mejores ingresos que los del ex presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comparativo se aprecia que en sus mejores años obtuvo 350 mil pesos al mes. Nada que ver con los 209 mil pesos mensuales de Peña Nieto. Los salarios que tuvieron los distintos secretarios de Hacienda entre 2012 y 2018 quedan también muy por debajo del de Cárdenas, pues obtuvieron un promedio de 195 mil pesos mensuales.
La diferencia es mayor cuando se comparan los sueldos de Cárdenas y los de López Obrador y Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público. El presidente gana un promedio de 155 mil pesos mensuales, en tanto que Urzúa llega a los 154 mil.
Las responsabilidades entre Cárdenas y los citados es igualmente abismal. Y es que mientras los segundos administran recursos multimillonarios, el primero sólo tuvo que “cuidar” el destino de 284 millones 930 mil pesos, de los cuales se embolsó 24 millones 130 mil pesos.
Es significativo que el hoy candidato a la gubernatura de Puebla abusó de una figura muy noble con un aparente destino social. Y eso sin contar los recursos informales de los tres años de opacidad en los que en apariencia no cobró salarios.
En síntesis: Cárdenas Sánchez utilizó para su beneficio personal recursos destinados a fines sociales.
Mayor burla no puede haber.
EL MENTADO OUTSOURCING
Un reciente editorial de El Universal explica muy bien el uso oscuro que se le da a este esquema en muchas empresas mexicanas.
Vea el lector:
“El outsourcing o subcontratación se incluyó hace unos años en la ley laboral mexicana pensando en compañías que no tienen experiencia en temas fiscales, laborales o de seguridad social. (…) La débil supervisión oficial ha propiciado el surgimiento de firmas que fingen cumplir con la ley. La Asociación Mexicana de Capital Humano estima en 900 el número de compañías que evade las obligaciones legales en materia de outsourcing.
“(…) Hasta ahora sólo existe la opción de que las empresas que contraten a una tercera puedan verificar si ésta cumple con las obligaciones para el personal; firmas de outsourcing ven deficiencias en el mecanismo, pues sólo se informa si la empresa subcontratista paga las cuotas, pero no si reporta adecuadamente el ingreso salarial.
“En este tema hay mucho dinero en juego que no va a las arcas públicas. (…) Otro flagrante caso de violación al Estado de Derecho”.
LAS DENUNCIAS POSIBLES
Si un ciudadano cualquiera busca hacer justicia en este caso tendría que acudir a la Procuraduría Fiscal de la Federación e interponer una querella por todas las irregularidades aquí detalladas, una vez que el Estado mexicano es el afectado.
En un suelo lleno de escupitajos quedan la bondad y la generosidad de figuras como la de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Un ridículo más en esta trama.
