Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio

“Ningún Estado está obligado a aceptar en su territorio como representante extranjero a una persona que no le place”, dice la definición de plácet del Diccionario Jurídico Mexicano, escrito por la especialista Lucía Irene Ruiz Sánchez.

El que el gobierno mexicano haya decidido otorgar el plácet (beneplácito) a Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela dice mucho.

Primero, que México ha tomado partido en una disputa política en ese país, pues la constitución venezolana establece que los representantes diplomáticos deben ser avalados por la Asamblea Nacional, el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo en aquel país.

Arias Cárdenas, exgobernador del estado de Zulia y exrepresentante de su país ante la ONU, fue nombrado embajador en México sin pedir la aprobación de la Asamblea Nacional, a la que el régimen de Nicolás Maduro ha buscado someter por la violencia después de que la oposición obtuviera la mayoría en ese órgano en las elecciones de 2015.

En enero pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue juramentado como presidente encargado de Venezuela, luego de que Maduro asumiera un nuevo periodo como resultado de un proceso electoral que no contó con las mínimas condiciones democráticas. Guaidó es reconocido como mandatario legítimo por medio centenar de naciones.

Pero, además, México ha aceptado como enviado diplomático de Maduro a un hombre que está señalado como partícipe de la trama Odebrecht, la constructora brasileña que —de acuerdo con investigaciones en Brasil— sobornó a decenas de funcionarios extranjeros, incluidos jefes de Estado, para asegurarse el otorgamiento de contratos.

Compañero de armas de Hugo Chávez —estuvo a su lado en el fallido golpe de Estado de 1992—,Arias ha sido acusado de ser parte de una operación de lavado de dinero en torno de la construcción del puente Nigale, sobre el lago Maracaibo.

De acuerdo con la oposición venezolana, que cita las investigaciones que realizó la exfiscal Luisa Ortega —quien huyó a Colombia en 2017 luego de ser destituida por el chavista Tribunal Superior de Justicia—, el tres veces gobernador de Zulia está directamente involucrado en un esquema de financiación de campañas electorales que tuvo como mecanismo la erección de dicho puente.

El proyecto arrancó en 2005 como una de las obras estrella del gobierno de Hugo Chávez. Hoy es, a decir de un reportaje del periodista Gustavo Ocando, “una oda a la orfandad, un fiasco congelado en un cosmos de playa, salitre y metales oxidados”.

El Nigale debió abrirse en 2014, ocho años después de que Chávez colocó la primera piedra. Pero hoy, esta obra, responsabilidad de la constructora Odebrecht y supervisada por la petrolera Pdvsa, sufre de parálisis, al igual que más de 15 proyectos de infraestructura en Venezuela, que se tragaron grandes sumas de dinero, según Transparencia Venezuela. Por el llamado “puente invisible” se pagaron 470 millones de dólares del erario.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha usado el caso Odebrecht como epítome de la corrupción, ¿entregará cartas credenciales como embajador a un hombre al que se ha señalado de tener una relación directa con la constructora brasileña?

Arias sólo podrá fungir como representante diplomático cuando reciba dichas cartas credenciales. Entregárselas sería una incongruencia por parte de un gobierno, que tiene como uno de sus propósitos centrales combatir la corrupción y ha dicho que no tendrá relaciones con empresas y personas que hayan incurrido en ella.