Ante los cuestionamientos de la prensa por la denuncia que presentó en su contra un catedrático de la BUAP ante la FGR, el académico se limitó a señalar que la administración del centro de estudios se hacía aparte.

Por: Mario Galeana

Enrique Cárdenas llegó a un punto sin retorno.

El académico dijo abiertamente que el salario que recibió como director Ejecutivo e investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) —que en 2014 llegó a ser de 4.5 millones de pesos— no puede ser considerado gasto administrativo.

Con eso, el candidato común por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura trató de salir al paso de la denuncia penal que obra en la Fiscalía General de la República (FGR) y que lo vincula con los presuntos delitos de defraudación fiscal, encubrimiento, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Y es que la denuncia acusa que, por seis años, el salario de Cárdenas fue superior al 5% del gasto administrativo de la asociación civil sin fines de lucro, lo que violó el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR) e implicó una defraudación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 14 millones 250 mil 138 pesos.

Este candado dispuesto en el reglamento se finca a las asociaciones civiles para evitar, precisamente, que se haga lucro de ellas: una forma de impedir que sus directores tengan salarios millonarios.

Durante los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 y 2016, el académico obtuvo ingresos por 24 millones 130 mil 510 pesos como parte de su salario, mientras que el CEEY tuvo ingresos por 284 millones 930 mil 643 pesos a través de donaciones de dos fundaciones.

Entrevistado ayer, el académico aseguró una y otra vez que el salario que recibió en aquella asociación no puede ser considerado gasto administrativo.

—Trabajo administrativo era firmar un cheque de caja una vez a la semana. Toda la administración (del CEEY) estaba hecha por otra parte. Yo no estaba por esa parte, esa es la parte sustantiva.

—¿Y el gasto administrativo no son, precisamente, los salarios? —preguntó el reportero.

—¡No! A ver, ¿tú eres gasto administrativo? ¡No! Eres operativo. Yo también era gasto operativo, igual que tú…

Cárdenas parecía empezar a desesperarse. Ser cuestionado es, para él, algo inédito. Hasta ahora estaba acostumbrado a ser el académico que, en mitad del aula, encandila a quien lo escucha, algo que logra a través de su profuso conocimiento de los datos de la realidad de México. Por eso hoy, metido en la política, es tan fácil que se desespere. No han sido pocas las veces que ha terminado manoteando y gritando cualquier cosa para tratar de evadir a la prensa.

—… ¡Toda la administración estaba por otra parte! Yo no estaba en esa parte. Y además es privado…

—¿Qué es privado? —intervino el reportero.

—… Lo que me da coraje es que… —siguió Cárdenas, evadiendo la pregunta.

—El CEEY es una donataria. Al recibir los recursos, estos se hacen deducibles de impuestos…

—¡No, no, no, no! Son fiscalizables, pero eso no los hace recursos públicos. No te confundas, aquí sí te tengo que acotar. No es lo mismo dinero público que fiscalizable. Las donatarias tienen un estatus particular y tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que su gasto administrativo no puede pasar del 5% del total. Contadores, nómina… ¡ese es gasto administrativo! Y el CEEY nunca lo sobrepasó.

La denuncia se contrapone a lo declarado por Cárdenas. Un apartado preciso echa por tierra su versión de que el dinero era capital privado al pasar por el CEEY: “Las contribuciones que los denunciados no enteraron y ocultaron son, en sí, un recurso que pertenece a la Hacienda Pública (…) es válido considerar —versa la denuncia— que se actualiza el delito de peculado, derivado de una evasión fiscal por el perjuicio a la Hacienda Pública, evidentemente por destinar impuestos que pertenecen al erario en virtud de la obligación fiscal, para un uso diferente”.

Pero Cárdenas seguía de largo.

—… Esa fue justamente la amenaza que me hizo el senador…

—Le pongo un ejemplo —trató de intervenir el reportero.

—No, no, no, no. Esa amenaza me la hizo el senador Carlos Puente, que hoy es diputado de la telebancada. Esa amenaza me la hizo…

—Sí, sí, ya lo dijo ayer: lo amenazaron por oponerse a la designación de Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI.

Cárdenas parecía ofuscado. Atropellaba las palabras y empezaba a desesperarse.

—Esa amenaza resultó cierta, porque la cumplieron y mandaron al SAT.

—Bueno, en 2014, por ejemplo, usted recibió 4.5 millones de pesos. De esto, ¿cuánto fue administrativo y cuánto operativo?

—Cero. Cero gastos administrativos.

—¿Ahí no le pagaron por ser director?

—Ya te expliqué. Perdón, pero eso ya te lo expliqué. ¿Tú eres operador? Sí. ¡Yo igual! Ya te lo expliqué. Tan es así que el SAT no ha encontrado nada. Si fuera algo malo, lo habrían encontrado en el primer minuto.