En el contexto del proceso electoral del año pasado, una cadena de homicidios contra personajes ligados a la política se desató; el registro de Strategia electoral es de 145 casos a nivel nacional y 14 en la entidad.

Por: Mario Galeana

Uno.

La mañana del 20 de septiembre de 2017, Germán Villalba Luna salió a trabajar como si fuera un día cualquiera. Como si el trajín del país no se hubiera detenido por el terremoto acontecido horas antes. Abrió uno de los varios locales de venta de celulares que tenía en Zacatlán y, por la tarde, bajó la cortina y abordó su vehículo. Germán tenía historia en la política. Había sido candidato a varios puestos de elección por el PAN y por el PRD, y por aquellos días también buscaba ser candidato por Morena a la alcaldía.

Pero horas después de aquella mañana, Germán fue asesinado. Las autoridades encontraron su cuerpo con dos tiros: uno en la sien y uno en el pecho. Yacía aún dentro de su vehículo, detenido en un tramo de la carretera Tlaxco-Tejocotal.

El suyo fue el primero en una cadena de 14 homicidios contra políticos registrados en el contexto del proceso electoral del año pasado. El crimen de Germán es representativo de la mayoría: las autoridades nunca dieron con los responsables ni revelaron una línea de investigación seria, por lo que hasta ahora —a unos cuantos días de que se realicen nuevas elecciones en el estado— se desconoce si se trató de un crimen político.

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Strategia Electoral es un laboratorio de análisis de temas electorales que, entre el 8 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, contabilizó los homicidios de 145 personas relacionadas a la política, a la función pública o al proceso electoral del año pasado.

En este lapso, 14 actores políticos fueron asesinados en Puebla. El estado es el tercero a nivel nacional con más homicidios en contra de personas ligadas a la política o a la función pública. Sólo Oaxaca, con 30 crímenes, y Guerrero, con 24, superan a la entidad.

En su informe Violencia electoral en México: asesinatos en las elecciones 2018, publicado en abril de este año, Strategia Electoral considera que, por lo menos en el caso de Puebla, los homicidios en contra de actores políticos son un fenómeno independiente de los indicadores de violencia en el estado.

¿Por qué?

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Dos.

Es 10 de octubre de 2017. Esta tarde será asesinado Manuel Hernández Pasión, un alcalde de Huitzilan. Priista, pero sobre todo integrante del Movimiento Antorcha Campesina. Junto a él, morirá su escolta. A Manuel lo encontrarán en su camioneta, varada en una junta auxiliar de Xochitlán, rodeada de casquillos percutidos de armas largas. La agrupación antorchista no dudará en acusar que su homicidio es un crimen político e intentará señalar hacia Marco Antonio Aco, un líder comunitario que milita en Morena y que les es incómodo.

El crimen de Manuel será una de las pocas excepciones entre los 14 homicidios: en enero de 2018, las autoridades de Puebla detendrán en Chalco, Estado de México, a Pablo Daniel N y Cristian N, por ser presuntos responsables del crimen. Nunca se informará por qué lo asesinaron.

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¿Por qué?

¿Por qué los homicidios en contra de actores políticos son un fenómeno independiente de los indicadores de violencia en el estado?

Porque de septiembre de 2017 a agosto 2018, Puebla fue el décimo estado del país con más homicidios y feminicidios, según Strategia Electoral. No es un lugar honroso. Sin embargo, el estado avanza siete lugares cuando se trata de crímenes sobre actores políticos.

“A partir de esto —señala el laboratorio de análisis— se puede inferir que estos son fenómenos independientes, por lo que sus causas, perpetradores y víctimas deben ser analizados bajo su propia perspectiva”.

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Tres.

Es el 14 de octubre de 2017. Jaime Rodríguez González, regidor priista en el Ayuntamiento de Jopala, cumple dos días desaparecido. Las autoridades encuentran su cuerpo esta tarde. Lo hacen por partes, porque lo encuentran decapitado. Tres días después encontrarán su cabeza, confirmando la brutalidad del crimen. No hay detenidos, ni una línea de investigación clara.

Cuatro.

Es el 9 de noviembre de 2017. Joaquín Miranda Ponce, regidor priista de Industria y Comercio en Chietla, sale de casa junto a su hija para ir a dejarla a su escuela. Todo sucederá muy rápido. Bajo el dintel del portón será asesinado por dos personas que, a bordo de una moto, dispararán en su contra. Un mes después, las autoridades detendrán a Santiago N, uno de los presuntos asesinos… o esa es, al menos, la versión que se filtra a la prensa. No se volverán a dar detalles del caso.

Cinco.

Es el 4 de febrero de 2018. José Jairo García Oliver, un ciudadano que aspiraba a ser candidato a diputado local en Huejotzingo por el PAN, cumple cuatro días desaparecido hasta que, finalmente, este día es encontrado sin vida. Las autoridades emiten un comunicado en el que dicen que murió a causa de un disparo en la cabeza. El PAN emite otro en el que niega que José Jairo fuera un militante formal. Tres días después, las autoridades afirman que hay líneas de investigación “que se vinculan más” a su actividad profesional: abogado. Será lo único que se diga desde entonces.

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Strategia Electoral considera que en el proceso electoral del año pasado hubo dos momentos en los que se disparó la violencia: “Al inicio de las precampañas −o, dicho de otra forma, previo a la definición de candidaturas− en diciembre de 2017, y en los dos meses previos a la jornada comicial, en los que primordialmente se desarrolla la parte medular de las campañas (mayo y junio de 2018)”.

Esto, a decir la firma de análisis, “pudiera sugerir que estos asesinatos buscaban influir de una forma u otra en quienes ostentaron candidaturas, o bien, en la propia competencia electoral durante las campañas”.

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Seis.

Es el 1 de marzo de 2018. Aarón Varela Martínez, precandidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, es asesinado. Las autoridades encuentran su vehículo detenido en una carretera que conduce a aquel municipio. En él, Aarón yace con por lo menos cinco disparos. No falta ni una sola moneda en sus pertenencias, lo que descarta el robo. El partido Morena mira con recelo a Antorcha Campesina, la organización que controla aquel municipio.

Pasará un mes. Dos meses. Luego cuatro. Un año entero sin respuestas sobre los responsables.

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A nivel nacional, para Strategia Electoral resulta notorio que el PRI fue el instituto político que más víctimas reunió, con 41 casos. Le sigue el PRD, con 25. Morena, con 23.

Para el laboratorio, este conteo no permite elaborar una hipótesis sobre “qué variable podría estar provocando que los ataques estén tan concentrados en algunos partidos políticos”.

Da algunas pistas que vale tomar en cuenta: “El origen partidista de los diputados locales, así como de los funcionarios municipales (actuales o de administraciones anteriores); si hubo alternancia en el poder dentro del estado o municipio; o si se trata de un distrito electoral que pueda considerase bastión de una u otra fuerza política, la cobertura geográfica del partido político o los mecanismos de asignación de candidatura”.

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Siete.

Es el 14 de marzo de 2018. Las autoridades encuentran el cadáver de Juan Ojeda González, ex alcalde panista de Zihuateutla en el trienio 2011-2014. Su cuerpo yace en una comunidad limítrofe entre Puebla y Veracruz. Había sido secuestrado 12 días antes y sus victimarios exigieron, según versiones periodísticas, un pago de 10 millones de pesos. No se sabe, aún, nada de los presuntos responsables.

Ocho.

Es el 16 de marzo de 2018. A Gustavo Martín Gómez, precandidato del PRI a la alcaldía de Francisco Z. Mena, lo asesinan con 11 tiros mientras desayuna en un pequeño restaurante ubicado junto a la iglesia de Metlaltoyuca. Gobierno y políticos expresan sus condolencias. Nunca se sabrá quién y por qué lo asesinaron.

Nueve.

Es el 12 de abril de 2018. El alcalde de Tlanepantla, el petista José Efraín García García, maneja su vehículo por una carretera que lleva hasta Tepeaca. A altura de la comunidad San Pablo Actipan, un comando le cierra el paso y dispara en su contra. Su suplente, Ciro Peláez, se niega a asumir el cargo y el gobierno nombra a uno de sus delegados como alcalde provisional. No se sabrá jamás quiénes lo asesinaron.

Diez.

Es el 22 de mayo de 2018. Un grupo de personas balea la camioneta de Constantino de Jesús Mundo, integrante del equipo de campaña de Ernesto García Rodríguez, candidato de Morena a la alcaldía de Venustiano Carranza. El partido dirá que su candidato ha recibido amenazas “que presuntamente provienen de la misma autoridad municipal”, en ese entonces a cargo del PAN. No se sabrá nada más.

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En Puebla, el registro de Strategia Electoral omite ciertos datos. Entre estos, la migración de los actores políticos asesinados hacia otros partidos políticos, o sus aspiraciones. El registro incluye a “ex funcionarios” que podrían ser considerados, más bien, como “aspirantes” a candidatos.

Cuando se trata de las víctimas y de los partidos a los que pertenecían, los datos arrojan lo siguiente: Seis al PRI. Dos al PVEM. Dos a Morena. Uno al PT. Uno al PAN. Uno al PRD —aunque este último trataba de ser candidato por Morena—.

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Once y doce.

Es la noche del 1 de junio. Una ejecución planeada está a punto de ocurrir. Las víctimas serán Juana Iraís Maldonado Infante, candidata a diputada local del PVEM en Huauchinango, y Érika Cázares Acosta, regidora del municipio de Juan Galindo. Ellas viajarán en un auto por la carretera que va de Patla a la localidad de La Unión, en el municipio de Zihuateutla. Los homicidas las alcanzarán. Dispararán al menos 10 veces. Y los cuerpos de ambas serán hallados horas más tarde.

Serán dos crímenes que sacudan el escenario político. Todos expresarán sus muy sentidas condolencias. Todos exigirán el esclarecimiento del caso. Dos días después, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentará a Maximino N, Edgar N, Simón N, Carlos N y Vicente N como los presuntos homicidas. Omitirán una de las cosas más importantes: el móvil.

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En el proceso electoral extraordinario de este año no se tienen registros de homicidios cometidos en contra de personas relacionadas a la política.

Sin embargo, ocho candidatos a las presidencias municipales de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos y Ahuazotepec, han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) protección para la campaña electoral.

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Trece y catorce.

Es el 1 de julio de 2018: es el día de las elecciones. Un grupo no identificado de personas dispara hacia una pequeña casa de la comunidad de Acolihuia, Chignahuapan. Las versiones son confusas. Hay dos heridos y dos muertos: Fernando Herrera Silva y Lázaro González Hernández, militantes del Partido Revolucionario Institucional.

Su partido exigirá el esclarecimiento de los homicidios.

Y el mismo desenlace fatal: ni responsables ni móvil.

Sólo la impunidad.