Salvador Sánchez Bolaños, de Radio Tlacuache, había sido amenazado en las últimas semanas por ser uno de los opositores al Proyecto Hidroeléctrico CoyolapaAtzala.

Por: Mario Galeana

Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron que Salvador Sánchez Bolaños, activista en la estación comunitaria Radio Tlacuache sufrió un intento de homicidio por su papel como opositor a la hidroeléctrica que la empresa minera Autlán pretende construir en tres municipios de la Sierra Negra.

A través de un comunicado, las organizaciones narraron que, por la noche del sábado 18 de mayo, el activista volvía a su domicilio ubicado en el Barrio de Atexcal, en la cabecera municipal de Zoquitlán, cuando se percató de que cuatro hombres que portaban armas largas ingresaban a su vivienda por la parte trasera.

Cuando Sánchez Bolaños los vio salió huyendo ante el posible intento de homicidio. Ya en las últimas semanas, según el comunicado, el activista había recibido amenazas por ser una voz opositora al Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, planeado en los municipios de Zoquitlán, San Sebatián Tlacotepec y Coyomeapan.

No ha sido el primer hecho de violencia hacia los opositores. Sergio Rivera Hernández, por ejemplo, era otro opositor al proyecto cuyo paradero se desconoce desde el 23 de agosto del año pasado.

Por la desaparición forzada del activista, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Rogelio N, Victorino N y a Antonio N como presuntos implicados. Lo hizo durante un fuerte operativo policiaco realizado el 18 de septiembre en las comunidades de Coyolapa y Tepexilotla, en el municipio de Zoquitlán.

En el comunicado, las organizaciones acusan a las familias de los detenidos de las amenazas y del intento de homicidio del que fue víctima Sánchez Bolaños.

“Responsabilizamos a los ex alcaldes de Zoquitlán y Tlacotepec de Díaz, Fermín González León y Cirilo Trujillo Lezama, así como de los perpetradores de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, los presos Victorino N y Antonio N, de la integridad física de Salvador Sánchez Bolaños y de todos los integrantes de la resistencia indígena contra Minera Autlán y el proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala”, expresaron en el documento firmado por más de 30 organizaciones.

En distintas páginas de Facebook de la región se acusa a Sánchez Bolaños de haber sido el dedo, es decir, el instigador de la detención de Victorino y Antonio.

Sin embargo, su aprehensión se debió a un intenso operativo de inteligencia policial que incluyó el rastreo y la intervención de teléfonos celulares, además de redes sociales. A uno de ellos, por ejemplo, le fueron confiscados 300 mil pesos y un rifle R-15 al momento de su detención.

A finales de septiembre, los tres presuntos implicados en la desaparición del activista fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares. Desde entonces, permanecen en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán.

Aunque los implicados eran reconocidos como promotores de la construcción de la hidroeléctrica, la empresa Autlán, ligada a Grupo Ferrominero de México, se deslindó de la desaparición del activista.

Las amenazas vertidas desde Facebook a los opositores también se han dirigido en contra de Martín Barrios y Omar Esparza, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán y del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), respectivamente.

En las páginas se han dado las direcciones de sus domicilios y otros datos personales de los dos integrantes de la resistencia indígena en la Sierra Negra.