De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2018 la Fiscalía de Puebla inició 24 investigaciones por este tipo de procedimientos.

Por: Mario Galeana

En los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto 38 carpetas de investigación por procedimientos de aborto en Puebla, entidad que posee algunas de las leyes más restrictivas contra la interrupción legal del embarazo.

Sin embargo, las autoridades se han negado a desagregar los datos sobre investigaciones, por lo que se desconoce cuántos de estos procesos se iniciaron contra hombres y mujeres que forzaron el aborto, o bien, mujeres que decidieron interrumpir su embarazo por voluntad propia.

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2015 a 2018 la Fiscalía de Puebla inició 24 investigaciones por este tipo de procedimientos. En los primeros cuatro meses de este año se abrieron cuatro carpetas de investigación más.

Salvo por los municipios donde se iniciaron estas investigaciones, el registro del SNSP es más bien un reflejo sobre la cifra negra que bordea el aborto: el número de mujeres criminalizadas por decidir sobre su cuerpo, los hombres que intentaron forzarlas a abortar o los médicos que, en una clínica clandestina, pudieron haber afectado irreparablemente la vida de las mujeres.

La poca información que se posee ha sido obtenida mediante solicitudes de información presentadas por organizaciones sociales.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reveló que, entre enero de 2007 y diciembre de 2016, en Puebla se presentaron 55 denuncias y dictaron 13 sentencias por el delito de aborto.

Sin embargo, las autoridades del estado no dieron a conocer la información desagregada de denuncias y sentencias, para determinar en cuántas se había implicado y castigado a mujeres.

La opacidad de esta información provocó que el GIRE sólo pudiera documentar el caso de una mujer que, hasta diciembre de 2016, se encontraba en prisión preventiva por el delito de aborto.

Magdalena ingresó a la cárcel en 2012, pero de ella se desconoce casi todo: su edad, situación jurídica actual y, sobre todo, su historia.

En su informe Criminalización por aborto, el GIRE logró documentar el caso de una mujer a la que se intentó penalizar por un aborto.

UNA HISTORIA DE CRIMINALIZACIÓN

En octubre de 2011, Laura supo que estaba embarazada. Al principio ella y su pareja decidieron continuar con el embarazo, pero poco después la relación terminó y él le propuso tomar pastillas de Misoprostol para inducir un aborto.

Esa misma noche, Laura tuvo intensos dolores en el abdomen y fue llevada al hospital. Los médicos tardaron mucho en atenderla y, cuando lo hicieron, la llenaron de preguntas sobre la posible inducción del
aborto.

Anegada de dolor, ella dijo que sí, creyendo que eso serviría para que le dieran analgésicos. Una doctora verificó el pulso en el vientre y, sarcástica, dijo que las pastillas “no habían funcionado”. Después, las contracciones se hicieron tan fuertes que el producto fue expulsado.

Una doctora pasante y una enfermera tomaron aquellos restos sanguinolentos y se los mostraron “para que no se le olvidara”. Después, mucho después, una trabajadora social le advirtió que se le pondría el Dispositivo Intrauterino (DIU) bajo una frase: “Si lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer”.

Laura no sabía nada sobre su estado de salud y el siguiente médico que la atendió venía del Ministerio Público. Ahí, en un pasillo, rindió su declaración sin defensores ni una sola persona de confianza.

“Cuando la dieron de alta, cinco policías la trasladaron a la agencia del Ministerio Público, sin permitirle que leyera su orden de detención. Tenía cólicos y sangrado. El médico legista tocó su vientre y dijo que no tenía nada. La pusieron en un separo sin brindarle medicina para el dolor”, refiere el informe del GIRE.

El ministerio público fincó una fianza de 100 mil pesos para su liberación. Cuando la familia dijo que no podrían pagar esa cantidad, la fianza se redujo a 20 mil pesos.

El GIRE supo de Laura por un abogado y la multa fue pagada por la organización. Otro abogado penalista demostró, mediante una prueba psicológica pericial, que Laura no se encontraba en un estado mental pleno para responder a los cuestionamientos médicos al instante de la intervención, lo que anuló la validez de la confesión.