El proyecto legislativo presentado por la priista Rocío García Olmedo ha levantado ámpula, pues mientras la ultraderecha se opone rotundamente, movimientos feministas consideran que el trabajo comunitario no representa la despenalización total.

Por: Mario Galeana

Un camino ineludible hacia la cárcel se abre para cada mujer en Puebla que decide abortar.

El derecho a decidir sobre el cuerpo y la maternidad ha sido soterrado con penas que van desde los seis meses hasta los cinco años de prisión.

La gravedad del castigo en el Código Penal del estado se decide por un juez que evalúa si la mujer no posee “mala fama”, si ha logrado ocultar su embarazo o si éste no es “fruto del matrimonio”.

Entre una ley anacrónica y la criminalización, la diputada local Rocío García Olmedo propuso un intersticio para evitar que las mujeres vayan a la cárcel por abortar.

Se trata de una reforma que, primero, define el aborto como la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación y, segundo, que la interrupción sólo puede ser sancionada tras este plazo con 100 o 300 días de trabajo comunitario.

Se trata de un proyecto legislativo más bien moderado, pues aunque no anula completamente la posibilidad de cárcel, reduce la pena máxima a seis meses y otorga al juez la posibilidad de optar por el trabajo comunitario.

Sin embargo, el proyecto legislativo ha provocado una intensa movilización de la ultraderecha —que bajo el alegato de estar “a favor de la vida” se opone rotundamente a la despenalización del aborto— y hasta un ligero puñado de críticas por parte de los movimientos feministas en el estado que consideran que el trabajo comunitario no representa la despenalización total.

—¡Claro que es un proyecto moderado! —afirma García Olmedo, quien preside la Comisión de Igualdad de Género—. Cuando las mujeres hemos dado nuestras batallas, no hemos brincado del piso al techo, sino paso a paso. Un ejemplo: en el 53 logramos el voto de las mujeres y una mujer llegó a ser diputada federal hasta el 55, pero hace justamente una semana que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión la paridad en todos los poderes. Nada ha sido fácil. Y este tema es aún peor, porque no todas ni todos lo vemos con el enfoque de derechos humanos y de salud pública que debe tener; lo ven por el lado confesional.

POR EL DERECHO A DECIDIR

Pilar tenía 15 años cuando descubrió que tenía un embarazo de 10.2 semanas. Lo supo dos meses después de que un hermano de su padre abusara sexualmente de ella en Cuetzalan, mientras vacacionaba.

Pilar y su madre viajaron a Teziutlán para denunciar a su agresor ante la Fiscalía de Puebla. La violación es una de las cuatro causales por las cuales se permite el aborto en Puebla, pero a pesar de eso las autoridades negaron que Pilar interrumpiera legalmente el embarazo. Las otras tres causales son alteraciones eugenésicas —es decir, malformaciones—, por embarazo imprudencial o culposo y por peligro de muerte.

Pilar viajó a Ciudad de México, donde pudo acceder finalmente a la interrupción legal. Pero su testimonio —contenido en el informe La pieza faltante. Justicia reproductiva, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)— revela el poco acceso al aborto del que disponen las mujeres, sea por causales o por la gravedad de las sanciones penales.

Desde diciembre de 2012 hasta octubre de 2017, la única queja por negación de aborto legal presentada ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla había sido la de Pilar, y su resolución aún se encuentra pendiente.

La iniciativa que propone García Olmedo no aumenta las causales por las cuales se excluyen responsabilidades penales a las mujeres que aborten, pero sí robustece las que existen.

La coordinadora del PRI propone que la interrupción sea legal no sólo cuando el embarazo provoque un peligro de muerte para la mujer, sino también cuando cause una afectación grave a su salud.

También incluye que se permita no sólo en casos de violación, sino también cuando se trate de inseminación artificial no consentida.

Y, finalmente, que la interrupción no sea sancionable cuando el producto presente alteraciones genéticas y congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al mismo.

En otros estados del país, las mujeres poseen derecho al aborto por salud o causas económicas. Y sólo en Ciudad de México la interrupción es legal por voluntad de la mujer: por su derecho a decidir.

LA DISCUSIÓN QUE VIENE

Cuando García Olmedo presentó esta iniciativa, la coordinadora del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, llevó a un grupo de representantes del Frente Nacional por la Familia —el bastión de la ultraderecha— para protestar en contra de la proposición.

No pocos legisladores dieron su respaldo a estas personas. Varios aprovecharon para exhibir sus pañuelos azules, signo “a favor de la vida”, como el vicepresidente de la Mesa Directiva, Héctor Alonso Granados, el petista Valentín Medel Hernández y la morenista Cristina Tello Rosas.

El presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, se mostró más bien del lado de la ultraderecha e hizo un embrollo del destino final de la iniciativa.

En principio, se sabe que fue turnada a la Comisión de la Familia —que preside y controla el PAN— y a la Comisión de Derechos Humanos —que preside Morena—. Aunque García Olmedo pidió que la iniciativa también se turnara a la Comisión de Igualdad de Género, al final no hubo claridad sobre la decisión del presidente de la Mesa Directiva.

La priista tuvo que solicitar formalmente por escrito la decisión de Espinosa Torres sobre el destino de la iniciativa, un requisito al que el presidente de la Mesa Directiva debe dar respuesta en tres días.

La presentación de la iniciativa ha revuelto un intenso debate. Ayer mismo, en los pasillos del Congreso local, dos o tres asistentes de diputados caminaban con un pañuelo verde —símbolo latinoamericano de la despenalización del aborto— amarrado a la cintura.

—¿Hay disposición para que se apruebe?

—Debe haberla —contestó García Olmedo—. Este tema debe atenderse, les guste o no les guste. Estamos en medio de una Alerta de Violencia de Género contra la Mujer, ¿cómo pretendemos salir de este plan de contingencia si no generamos una nueva normativa para atender toda esa problemática de violencias?