Por: Staff 24 Horas Puebla
Foto: Archivo 

El Poder Judicial de la Federación negó la suspensión a las órdenes de aprehensión giradas en contra del ex gobernador Mario Marín Torres y quien fuera director de la extinta Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, por el delito de tortura.

De acuerdo con información del portal Contrastes Puebla, fue el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo el que negó las suspensiones a las órdenes para detener al ex mandatario y su funcionario.

Asimismo, dicho tribunal negó la suspensión a Juan “S”, quien fue detenido en el Estado de México por el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Contrastes Puebla precisó que el Segundo Tribunal Unitario citó a audiencia a Marín Torres y Karam Beltrán los días 3 de mayo y 6 de junio, de manera respectiva, a fin de seguir el trámite del amparo que solicitaron para evitar ser detenidos.

Por el presunto delito de tortura, el 11 de abril, una magistrada federal ordenó la aprehensión del ex mandatario poblano, el ex jefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, y el ex comandante Juan Sánchez Moreno, así como al empresario Kamel Nacif Borge.

Sánchez Moreno, quien fungía como jefe del Departamento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), fue detenido en Ixtapaluca, Estado de México.

La Fiscalía General de la República informó ayer que fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Juan “S”, por su probable participación en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

“La detención de Juan ‘S’ fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, en cumplimiento a la orden obsequiada por un Juez de Distrito, con sede en el estado de Quintana Roo, a fin de ser internado en el Centro de Reinserción Social de Cancún”, apuntó la FGR.

Agregó que la orden de aprehensión deriva de la consignación hecha por el Ministerio Público Federal especializado en la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, que presentó las pruebas suficientes para determinar la probable responsabilidad del jefe del Departamento de Mandamientos Judiciales en la comisión de dicho delito.