Los jueces deberán dar cauce a los amparos promovidos por las comunidades indígenas el 18 de febrero, días antes de la consulta realizada por el gobierno de López Obrador.

Por: Mario Galeana

El Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa admitieron que la consulta pública realizada por el gobierno federal para aprobar el inicio de operaciones del Gasoducto Morelos pudo haber violado los derechos de las comunidades indígenas.

Los tribunales federales resolvieron las quejas 62/2019 y 55/2019, respectivamente, interpuestas por comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala contra el desechamiento del amparo que interpusieron al reclamar que la consulta aplicada el 23 y 24 de febrero violaba su derecho a la libre determinación de los pueblos y a una consulta indígena conforme establecen los criterios internacionales.

Los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en materia de Amparo, con sede en Puebla, desecharon los amparos 199/2019 y 209/2019 de las comunidades al considerar que la consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador no se encuentra reglamentada en la ley, por lo que “tampoco genera agravio alguno al interés legítimo” de las comunidades.

En la resolución del Segundo Tribunal se advierte que el amparo no debió ser desechado puesto que la consulta y su resultado “abre la puerta a la inminente concreción del Proyecto Integral Morelos, con lo que es patente que se estaría modificando de manera unilateral la situación jurídica de los quejosos”, según un comunicado emitido por el Frente en Defensa del Agua.

En tanto, el Primer Tribunal consideró que las pruebas ofrecidas por los pobladores, como las actas de hechos de las asambleas generales en las que se manifestaron en desacuerdo con el Gasoducto Morelos no fueron analizadas ni valoradas por los juzgados al momento de analizar sus amparos.

Con la determinación del Primer y Segundo Tribunal, ahora los jueces deberán dar cauce a los amparos promovidos por las comunidades indígenas el 18 de febrero, días antes de la consulta realizada por el gobierno de López Obrador.

“Los criterios erróneos emitidos por los jueces Primero y Cuarto de Distrito con sede en Puebla, permitieron la realización de la consulta ilegal de Obrador y se suman a los emitidos en sentido semejante por los Jueces Tercero y Sexto de Puebla, así como Noveno de Morelos, lo que deja ver una consigna de los juzgados federales de negar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas afectados por el PIM”, manifestó el frente en el comunicado de prensa emitido ayer.

En Puebla, la consulta ciudadana realizada por el gobierno federal registró una baja participación, pues sólo acudieron a las urnas un total de siete mil 558 personas.

De acuerdo con los resultados oficiales, 54.1% respaldó el inicio de operaciones del Gasoducto Morelos y 45.3% se pronunció en contra.