Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio 

Parte de los acuerdos entre México y Estados Unidos en materia migratoria, anunciados el viernes 7, prevé la ampliación del programa –aceptado por México en diciembre pasado– mediante el cual los solicitantes de asilo en EU son enviados al sur de la frontera mientras esperan su audiencia ante un juez que determina la validez de su petición.

Hasta la semana pasada, 10 mil 393 centroamericanos habían sido colocados en dicho programa, formalmente llamado Migrant Protection Protocols (MPP) y conocido como Remain in Mexico (Quédate en México). En menos de un mes, el número se dobló, pues eran cinco mil 273 al 13 de mayo.

El MPP comenzó a operar el 24 de enero, luego de que fuera aceptado por México, “por razones humanitarias”, el 20 de diciembre, como una forma de atender la saturación de los centros de reclusión para migrantes indocumentados en EU.

Actualmente, la oficina de Inmigración y Aduanas del gobierno estadounidense (ICE) tiene la capacidad de mantener en reclusión a un promedio diario de 38 mil personas. Cada una cuesta al erario unos 145 dólares al día. Desde antes de que se incrementara el flujo de migrantes hacia la frontera de México y Estados Unidos, dichos centros ya se encontraban rebasados. Por falta de capacidad, muchos de los que son detenidos al cruzar hacia Estados Unidos o territorio adentro son liberados con la consigna de presentarse en una audiencia ante un juez. De acuerdo con estadísticas oficiales, nueve de cada diez no llegan a la cita.

Eso llevó al gobierno de Trump a negociar con México el MPP, que está regido por la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Hasta ahora ha funcionado con tres puertas: en San Diego-Tijuana, Calexico-Mexicali y El Paso-Ciudad Juárez.

De acuerdo con la página web del ICE, quienes pueden acceder a dicho programa son migrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos desde México y luego solicitaron asilo. Los menores de edad no acompañados están excluidos del programa y deben permanecer en territorio estadunidense.

Como digo arriba, los peticionarios de asilo que reciben una cita para presentarse ante un juez de inmigración son conducidos a México y readmitidos exclusivamente para acudir a ella. El tiempo de espera al sur de la frontera usualmente es de meses.

Durante los últimos 25 días, el número de migrantes enviados a México bajo este programa ha promediado unos 400 al día. Si esto sigue así, para finales de año podrían ser unos 78 mil los regresados. Sin embargo, los acuerdos recientes anunciados en Washington prevén que se abran puertas adicionales para el MPP a lo largo de la frontera, por lo que el número podría incrementarse aún más.

México aceptó la expansión del programa pese a que éste ha sido combatido en las cortes estadounidenses. Organizaciones promigrantes consideran que el hecho de que los peticionarios de asilo sean enviados al sur de la frontera los deja sin una adecuada defensa. A principios de mayo, un panel de jueces dio permiso al gobierno de Trump de continuar con el programa en lo que se pronuncia sobre el fondo.

Peor aún, la delegación mexicana suscribió esa parte del acuerdo pese a la presión que los migrantes centroamericanos y otros –tanto los retornados como aquellos que no han podido llegar a Estados Unidos– han significado para las finanzas de ciudades como Tijuana. Según el acuerdo, México será responsable de dotarlos de servicios de salud y educación, además de permitirles trabajar.

Suena razonable que, ante la amenaza de aplicar aranceles a las exportaciones de México a EU, la representación mexicana haya aceptado temas difíciles de manejar, como éste. Pero ahora el gobierno tendrá que decir cómo espera lograrlo.