Quienes destacan por las mayores críticas en contra son los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Infraestructura y Servicios Públicos, así como el de Deporte.

Por: Osvaldo Valencia

En ocho meses de gobierno municipal de Puebla, los funcionarios del primer gobierno de izquierda han sido señalados por la poca productividad en sus áreas y errores, así como por fallas en las estrategias de trabajo implementadas.

Ahora, con el ultimátum dado por la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco para obtener resultados en sus puestos los secretarios del Ayuntamiento de la capital tienen dos meses para revertir los yerros cometidos desde el 15 de octubre de 2018, cuando asumieron el cargo.

En la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), encabezada por René Sánchez Galindo, el principal reclamo que ha tenido desde el primer día que asumió el control de la dependencia ha sido el reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico.

El funcionario ha comentado en reiteradas ocasiones que la estrategia de su dependencia es insistir en el diálogo con las organizaciones ambulantes para lograr el reordenamiento de esta actividad en el polígono histórico.

Sin embargo, el comercio informal se ha apoderado, por temporadas, de las calles del centro de la ciudad; por ejemplo, de noviembre de 2018 a enero de este año.

También se le adjudica la desorganización de los comicios en las juntas auxiliares, ya que de las 17 elecciones cinco fueron a proceso extraordinario.

Uno de los temas que puso a prueba al nuevo gobierno fue el plantón de trabajadores despedidos a las afueras del Palacio Municipal.

De noviembre del año pasado a principios de enero de 2019, la entrada a la sede de la Comuna se vio bloqueada mientras sostenían pláticas con el titular de la Segom. En este tema intervino el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, con quien negociaron la liberación del espacio a cambio de estudiar la reinstalación caso por caso.

Rodríguez Juárez ha sido cuestionado luego de que en la revisión presupuestal acordara que los secretarios, regidores y la alcaldesa no reducirían sus salarios.

LA INSEGURIDAD SE DESBORDA

Otro funcionario criticado fuertemente por su desempeño fue María de Lourdes Rosales Martínez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM).

El incremento en los índices delictivos del fuero común, así como la adjudicación directa del programa Ventanas Ciudadanas han sido sus principales cuestionamientos.

Cifras de Semáforo Delictivo muestran que en el municipio se ha incrementado a rojo los delitos de robo de vehículo, robo a casa-habitación, robo a negocio, violación, violencia familiar y lesiones; mientras que en indicador amarillo se encuentran los de narcomenudeo y homicidios.

A la lista se suma Israel Román Romano, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, quien en las primeras semanas en su cargo entró en una disputa al señalar que la empresa Citelum –que brindó el servicio de alumbrado público en la administración pasada– no trabajaría más para el gobierno municipal.

El funcionario municipal acusó a la empresa de presuntas deficiencias y sobrecostos en la facturación de su servicio, por lo que no se renovó el contrato y se empleó a la empresa Milenium y, a inicio de marzo de este año, se dio el contrato por licitación a Electroiluminación y Proyectos de Occidente, SA de CV (Eypo).

Por estos señalamientos hechos, Citelum demandó a la presidenta municipal, al titular de Infraestructura y Servicios Públicos, a otro secretario municipal y a dos regidores por daño moral. Los empresarios piden una indemnización de un peso y una disculpa pública.

Otro funcionario señalado por su actuar en el cargo es Diana Laura Coraza Castañeda, titular del Instituto Municipal del Deporte, quien fue denunciada de manera anónima por presuntos despidos injustificados.

De acuerdo con los denunciantes, la titular del instituto ha contratado a familiares mientras que con el personal existente realiza cambios de área y despidos injustificados.