La modificación incluye protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, mecanismos de esclarecimiento en delitos de desaparición forzada, entre otros.
Por: Mario Galeana
Morena presentó una nueva Ley de la Comisión de Derechos Humanos en el que se incluyen protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, mecanismos de esclarecimiento en delitos de desaparición forzada y hasta nuevos criterios de selección para quien ocupe este organismo en el estado.
La iniciativa presentada ayer por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Estefanía Rodríguez Sandoval, se inscribe en el proceso de renovación de la presidencia del organismo homónimo, que ha estado presidida por Adolfo López Badillo desde julio de 2011.
Al describir su propuesta de ley, la legisladora por Morena hizo severas críticas al ombudsman poblano, al que acusó de ser “cómodo” a los gobiernos anteriores, e incluso señaló que fue elegido titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por dedazo.
Explicó que la ley actual ni siquiera contempla la obligación de que el ombdusman rinda cuentas sobre los recursos que ejerce el organismo de manera anual, además de que puede ser reelecto cuantas veces quiera.
“Esta ley ni siquiera considera la posibilidad de que sea una mujer quien resulte electa para presidir la comisión, así como el resto de los consejeros. El Consejo Consultivo (de la CDH) está integrado sólo por cinco consejeros, y bajo esta configuración no se puede dar una integración paritaria”, abundó.
La reforma promovida por Rodríguez Sandoval –en conjunto con el morenista Fernando Jara Vargas– detalla que la designación del próximo titular de la CDH se realizará a más tardar el 29 de julio, tras la selección de una terna en la que se priorice a defensores de los derechos humanos con experiencia o integrantes de la sociedad civil.
También contempla que el Consejo Consultivo cuente con seis integrantes, de los cuales la mitad deberán ser mujeres.
En suma, explicó la legisladora local, el proyecto de ley posee 76 modificaciones a la ley anterior, entre las que destaca la inclusión del concepto de “violencia institucional”, entendido como todas aquellas prácticas ejercidas por funcionarios con el fin de obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos humanos.
Además, actualiza los protocolos de actuación y búsqueda de personas desparecidas, así como propone un mecanismo para evitar que personas no localizadas sean revictimizadas o criminalizadas.
El proyecto contempla que en cada recomendación que emita el organismo se establezcan medidas y mecanismos de justicia para una efectiva restitución de los derechos humanos de las personas que fueron agraviadas.