De acuerdo con Rocío Córdova Plaza, catedrática de la Universidad Veracruzana, el fracaso del protocolo se debe a que los gobiernos estatales y municipales no están dispuestos a invertir parte de sus recursos en ello.

Por: Guadalupe Juárez

A más de dos meses de que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla, la entidad —según cifras oficiales— registró en abril tres casos de feminicidios y ocho homicidios violentos contra féminas.

De enero a abril de 2019, en el estado han ocurrido 31 asesinatos de mujeres y 18 feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A la par, Odesyr contabiliza de manera extraoficial nueve probables feminicidios en el cuarto mes del año en curso, cuando se decretó el protocolo del gobierno federal, y seis posibles casos más en mayo.

Según su recuento hemerográfico, en lo que va del año en la entidad han ocurrido 43 homicidios dolosos que tendrían que investigarse como feminicidios, con corte al 12 de junio.

¿POR QUÉ FRACASA LA AVGM?

A decir de la catedrática de la Universidad Veracruzana, Rocío Córdova Plaza —que formó parte del grupo de trabajo de especialistas en aquella entidad— el fracaso del protocolo en los estados donde se ha activado se debe a que los gobiernos estatales y municipales no están dispuestos a invertir parte de sus recursos en ello.

Durante su participación en el Conservatorio Reflexiones en torno a la AVGM —organizado por la BUAP— consideró que la poca efectividad de la alerta también se debe a la falta de claridad en los objetivos a corto y largo plazo, además de que no hay establecida una sanción jurídica contra las administraciones que no cumplan con las recomendaciones.

A esto se suma que, inclusive, dentro de los integrantes de los grupos de trabajo que hacen un diagnóstico de la entidad en la que se busca declarar la AVGM, hacen un copy paste de lo analizado en otros estados y no hay dictámenes que reflejen de forma específica la situación de cada región.

Tampoco hay coordinación y una visión integral entre los tres órdenes de gobierno, lo cual se refleja en que las políticas públicas de las administraciones federal, estatal y municipal, “no están en sintonía”.

Asimismo, cuando se activa la AVGM no se aclaran las expectativas que se tienen de ello, por ejemplo, ¿quién se responsabilizará de si hay o no resultados?, cuestionó.

La especialista también resaltó que los gobiernos estatales carecen de la sistematización de la información para alimentar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, necesario para darle seguimiento a los casos que se presentan en el país.

Otro factor para que el protocolo no muestre avances consiste en la “burocratización” y la temporalidad de las medidas dictadas, pues aunque es emergente —explicó— se requiere planificar objetivos de “aquí y ahora” —que pueda cumplir una administración— y un plazo permanente, donde los próximos gobiernos se comprometan a darle un seguimiento de vigilancia.

Por todas las razones anteriores, Córdova Plaza expuso que en el Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche, Jalisco y Puebla no han podido contener la violencia contra las mujeres, a pesar de la AVGM.