De acuerdo con un estudio llevado a cabo por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social se presentaron 15 denuncias por candidatas mujeres durante la jornada electoral de 2018.

Por: Mario Galeana

Puebla fue el segundo estado con más denuncias por violencia política de género durante el proceso electoral de 2018 y, a pesar de lo anterior, la tipificación de este tipo de agresiones ha sido relegada por autoridades y legisladores.

Veracruz y Puebla son los únicos dos estados del país que no han incluido ningún tipo de regulación en materia de prevención y sanción de este tipo de acciones, de acuerdo con el Diagnóstico Multidimensional de Violencia Política contra Mujeres en las elecciones federales de 2018, elaborado por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) AC.

El informe presentado ayer ofrece un panorama inédito sobre la manera en que, por acción u omisión, se menoscaban o anulan los derechos de las mujeres que participan en la vida política del estado.

El análisis se realizó mediante entrevistas a 32 de las 38 ex candidatas a diputadas federales en las elecciones del año pasado, además de una revisión de notas de prensa, redes sociales y solicitudes de información dirigidas a los partidos políticos.

El informe concluye que son los partidos políticos las instituciones que más cometen violencia política de género contra sus propias militantes al no formar cuadros políticos femeninos, enviar a las postuladas en distritos en los que difícilmente podrían obtener triunfos o, incluso, en coartarles recursos para sus actividades proselitistas.

La asociación civil documentó que, en algunos casos, los ex candidatos a diputados federales llegaron a disponer de más de seis millones de pesos en distritos considerados “estratégicos”, en tanto que otras candidatas tuvieron que disponer de sus propios recursos para financiar sus actividades de campaña. Una muestra de la falta de igualdad en la distribución de recursos.

Sin embargo, la opinión de las ex candidatas fue distinta a la conclusión del diagnóstico. La mayoría —es decir, 26.9%— consideró que fueron los medios de comunicación los responsables de los actos de violencia política que se cometieron en su contra el año pasado.

El 23.1% sí responsabilizó a sus propios partidos, 19.2% a la ciudadanía en general —que llegó a proferir frases misóginas en su contra durante los actos públicos— y 15.4% a sus adversarios políticos.

El 20.4% consideró que fue víctima de difamación o ridiculización, 20.3% de menosprecio a su trayectoria, 17.6% vio invisibilizada su campaña, 13.6% consideró que se trató de un ambiente hostil, 4% fue víctima de acoso u hostigamiento sexual, chantaje, extorsión, amenaza con difusión de datos privados, además de gritos e insultos, y apenas 8.1% dijo no haber sufrido violencia.

Para CAFIS AC, los medios de comunicación están relacionados con actos de difamación, menosprecio o nulificación de trayectorias políticas, así como a la difusión de información de índole privada, sensible y “habitualmente cimentada en estereotipos de género”.

“Las sanciones hacia las fuentes que difamen a las candidatas y que difundan información de carácter estrictamente privado con el objetivo de dañar la imagen pública de una persona deberían ser mucho más claras y contundentes, si realmente existe la voluntad de erradicar este tipo de prácticas discriminatorias”, señala.

FALTA DE MARCO IMPIDE SANCIONES

El año pasado, en Puebla se presentaron 15 denuncias por violencia política contra las mujeres y 62 agresiones asociadas a las tecnologías contra mujeres candidatas, lo que ubicó al estado como el primero y el segundo lugar, respectivamente, en todo el país.

Sin embargo, la categoría de “violencia política” no se encuentra en la Constitución Política, el Código Penal, las leyes electorales, ni la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“La ausencia de tipificación está estrechamente vinculada con la permanencia de determinados intereses políticos que pretenden ocultar y minimizar la violencia estructural que impacta en las mujeres poblanas, con la finalidad de limitar la integración de las mismas en la vida pública del Estado”, señala el informe.

Entre las ex candidatas encuestadas, 32% dijo que por temor a que se invada su privacidad decidió no interponer una denuncia por estas prácticas, mientras que 28% por el desgaste burocrático que suponen estos procedimientos, y 16% por temor a represalias.