Por: Mario Galeana / @MarioGaleana_
El Congreso de Puebla destituyó al petista José Juan Espinosa Torres y al morenista Héctor Eduardo Alonso Granados de las presidencias de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de Seguridad Pública.
Por 34 votos a favor y solo un voto en contra, los legisladores también fueron removidos de todas las comisiones generales de las que eran integrantes.
La presidencia de la Comisión Inspectora fue otorgada a la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, de Morena; en tanto que Carlos Alberto Morales Alvarez, de Movimiento Ciudadano, fue nombrado presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Espinosa Torres fue expulsado de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de las que era secretario, y de siete de ocho comisiones más en donde era vocal, como la de Hacienda y Patrimonio Municipal, Asuntos Municipales, Instructora, Transparencia y Acceso a la Información, entre otras.
Alonso Granados fue removido de las secretarías de la Comisión de Protección Civil y de la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción por los sismos de 2017, y también de cuatro de las cinco comisiones en las que era vocal, como la de Transportes y Movilidad, y Comunicaciones e Infraestructura.
Antes de la votación, Alonso Granados atribuyó su expulsión de las comisiones a su participación en la precampaña electoral, donde apoyó al senador Alejandro Armenta Mier, rival de Miguel Barbosa Huerta, virtual gobernador electo de Puebla.
“El manejo fascista de quien preside la Junta de Gobierno (Gabriel Biestro) y la oportunidad de otros y otras son el producto de este reacomodo. Apoyar en campaña al senador Armenta ha traído sus costos para nosotros. No hay forma de entender dentro de Morena lo que es la democracia interna y el derecho a discernir. No hay reconciliación”, dijo.
Espinosa Torres se ausentó a la sesión ordinaria de este lunes 10.
Ambos legisladores fueron removidos recientemente de la presidencia y vicepresidencia de la Mesa Directiva por sus “constantes violaciones a la Ley Orgánica”, según un acuerdo presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.