Por 34 votos a favor y solo un voto en contra, los legisladores también fueron removidos de todas las comisiones generales en las que fueron designados a inicios de la LX Legislatura.

Por: Mario Galeana

El Congreso de Puebla destituyó ayer al petista José Juan Espinosa Torres y al morenista Héctor Eduardo Alonso Granados de las presidencias de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de Seguridad Pública.

Por 34 votos a favor y solo un voto en contra, los legisladores también fueron removidos de todas las comisiones generales en las que fueron designados a inicios de la LX Legislatura, en septiembre del año pasado.

El Pleno aprobó que la presidencia de la Comisión Inspectora fuera otorgada a la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, de Morena; en tanto que Carlos Alberto Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano, fue nombrado presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Antes de la votación, Alonso Granados atribuyó su expulsión de las comisiones a su participación en la precampaña electoral, donde apoyó al senador Alejandro Armenta Mier, rival de Miguel Barbosa Huerta, virtual gobernador electo de Puebla.

“El manejo fascista de quien preside la Junta de Gobierno (Gabriel Biestro) y la oportunidad de otros y otras son el producto de este reacomodo. Apoyar en campaña al senador Armenta ha traído sus costos para nosotros. No hay forma de entender dentro de Morena lo que es la democracia interna y el derecho para discernir. No hay reconciliación”, dijo.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, negó que la remoción de los legisladores locales obedezca a una revancha política del próximo gobernador.

“No se trata de vetar, se trata de hacer los cambios que al trabajo del Congreso y de esta Legislatura convengan. Está en la ley, y conforme a la ley así se va a hacer”, argumentó.

Espinosa Torres se ausentó con justificante a la sesión ordinaria del lunes.

Ambos legisladores fueron removidos en días recientes de la presidencia y vicepresidencia de la Mesa Directiva por un acuerdo impulsado por todas las bancadas del Congreso local.

En el acuerdo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política acusó a Alonso Granados de cometer violencia política de género contra las diputadas de las LX Legislatura, a las que llamó “mojigatas” durante la aprobación de una reforma que prohibió la colocación de anuncios publicitarios sexistas en el estado.

El castigo se extendió hacia Espinosa Torres porque, a decir de los coordinadores legislativos, fue permisivo al no censurar las expresiones del ex vicepresidente de la Mesa Directiva y, por tanto, incurrió en “graves violaciones” a la Ley Orgánica del Poder Legislativa.

ALONSO SE HACE BOLAS TRAS DECLARACIONES MISÓGINAS

El exilio legislativo sobre Alonso Granados, quien llegó al Congreso local como parte de un acuerdo entre Morena y el grupo político de Elba Esther Gordillo, se ciñó después de que, en el contexto de una entrevista, se manifestó contra la despenalización del aborto de manera misógina.

“Perdóname la expresión, porque no la dije yo solamente… y lo estoy pensando si lo digo, pero: hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarte embarazar. ¿Por qué me quieren trasladar al gobierno un acto irresponsable de sexo?”, dijo en una entrevista cedida a la estación de radio por internet Factor Ciudadano.

Aunque al principio reconoció sus declaraciones, ayer optó por señalar que la entrevista había sido editada con el propósito de afectarlo políticamente.

“Antes de decir eso dije que estaba citando a otra persona y que no eran mis palabras. Pero, en fin, me hicieron más famoso y me hicieron tener más apoyo popular de los que estamos en contra de ese aborto indiscriminado y gratuito que quieren las feministas de aquí”, alegó.

Por sus expresiones, las legisladoras Rocío García Olmedo y Vianey García Romero han denunciado al legislador local por violencia política de género ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Contraloría del Poder Legislativo.