La iniciativa presentada por la priista ante el Pleno va encaminada a la creación de un protocolo en interrupciones legales del embarazo.
Por: Mario Galeana
La diputada Rocío García Olmedo presentó una serie de modificaciones a la Ley Estatal de Salud que complementan su iniciativa para evitar la criminalización de las mujeres que decidan abortar durante las 12 semanas de embarazo.
En la reforma se plantea que las instituciones estén obligadas a prestar servicios de salud referentes a la educación y salud sexual y reproductiva.
Durante la presentación de la iniciativa hubo una breve discusión protagonizada por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien pugnó porque ésta se turnara no sólo a la Comisión de Salud, sino también a la de la Niñez y la Familia, que preside ella misma.
La coordinadora de la bancada de Acción Nacional llevó al Pleno a un grupo de mujeres del Frente Nacional por la Familia, quienes repartieron pañuelos azules entre 11 diputados, símbolo que grupos de la ultraderecha han adoptado para manifestar su oposición a la despenalización del aborto.
Los legisladores que accedieron a poner en pañuelo en su curul fueron Oswaldo Jiménez López, Nancy Jiménez Morales, Raúl Espinosa Martínez (PAN), Carlos Alberto Morales Álvarez (MC), Liliana Luna Aguirre, Armando García Avendaño (PRD), Nibardo Hernández Sánchez (PRI), Gerardo Islas Maldonado (Panal), Héctor Alonso Granados y Jonathan Collantes Cabañas (sin partido).
Ante la solicitud de Rodríguez Della Vecchia, el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, pidió que la iniciativa se turnara también a la Comisión de Derechos Humanos, que controla la coalición Juntos Haremos Historia.
Ante la indefinición, la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Cabrera Camacho, resolvió que decidiría a qué comisiones sería turnada en un plazo de 24 horas.
CREA PROTOCOLO PARA ILE
La iniciativa presentada por García Olmedo incorpora un capítulo a la Ley de Salud denominado “Interrupción Legal del Embarazo” (ILE), por el cual se obliga a hospitales y clínicas a otorgar de manera gratuita y en condiciones de calidad un procedimiento de aborto cuando así se solicite por parte de la mujer.
Este sólo puede ser otorgado “en los supuestos permitidos en el Código Penal”, es decir, cuando el embarazo se haya producido por una violación, cuando el producto posea alteraciones eugenésicas —es decir, malformaciones—, por embarazo imprudencial o culposo y por peligro de muerte.
La reforma también contempla que las instituciones de salud sean obligadas a dar servicios de educación y salud sexual y reproductiva, y no sólo de planificación familiar.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI consideró que la ausencia de políticas públicas enfocadas en educación y salud sexual ha sido factor en el incremento de embarazos adolescentes y abortos clandestinos.
El Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) señala que en 2015 hubo 24 mil 827 alumbramientos de mujeres de 15 a 19 años en Puebla, mientras que en 2016 la cifra fue de 22 mil 976.
“Se trata de que generemos maternidades y paternidades responsables”, resumió la priista al subir a tribuna.